Devolución de dinero lidera las quejas contra inmobiliarias en Panamá durante 2026

La devolución de dinero continúa siendo el principal motivo de las reclamaciones presentadas por consumidores contra empresas inmobiliarias en Panamá, según estadísticas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Entre enero y junio de 2026, la entidad recibió 205 quejas contra el sector inmobiliario, que representan una cuantía total de B/.9,210,024.37. De ese total, 114 reclamaciones, equivalentes al 55.6%, estuvieron relacionadas con solicitudes de devolución de dinero, por un monto de B/.2,247,990.09.

Más de la mitad de las quejas corresponden a devolución de dinero

Las cifras de la Acodeco reflejan que los problemas relacionados con el reembolso de los pagos efectuados por los compradores siguen encabezando las inconformidades en el mercado inmobiliario.

Además de las solicitudes de devolución de dinero, las principales causas de reclamación fueron:

• Incumplimiento de garantía: 27 casos por B/.2,089,713.92.
• Vicios ocultos: 25 quejas por B/.1,394,367.23.
• Incumplimiento de contrato: 14 reclamaciones por B/.1,257,372.37.
• Cláusulas abusivas: 12 casos por B/.1,407,541.16.
• Falta de información: 10 quejas por B/.647,953.60.
• Anulación de contrato: dos reclamaciones.
• Resolución de contrato: un caso.

La devolución de dinero sigue siendo un problema recurrente

Las estadísticas históricas evidencian que esta situación no es nueva.

Entre enero de 2020 y junio de 2026, la Acodeco registró 785 quejas por devolución de dinero contra empresas inmobiliarias, por una cuantía de B/.11,002,495.17, consolidándose como una de las principales causas de conflicto entre compradores y promotoras.

Estos datos muestran que las reclamaciones relacionadas con la recuperación de los abonos entregados por los consumidores continúan siendo una constante dentro del sector inmobiliario panameño.

Acodeco recomienda analizar cuidadosamente antes de comprar una vivienda

Ante este panorama, la Acodeco exhortó a los consumidores a evaluar con detenimiento cualquier decisión de compra de una vivienda nueva.

La institución recomienda comparar precios, opciones de financiamiento y costos adicionales entre distintas promotoras e instituciones financieras antes de firmar un contrato de promesa de compraventa.

Asimismo, aconseja revisar cuidadosamente todas las cláusulas del contrato, especialmente las relacionadas con:

• Devolución de los abonos entregados.
• Penalidades por desistimiento.
• Fecha de entrega del inmueble.
• Garantías ofrecidas.

Si existen dudas sobre el contenido del contrato, la entidad recomienda solicitar asesoría profesional o acudir a la Acodeco para recibir orientación.

Verifique el proyecto antes de recibir la vivienda

La autoridad también aconseja visitar distintos proyectos habitacionales para evaluar aspectos como la calidad de la construcción, el tipo de terreno y las especificaciones ofrecidas por la promotora.

Antes de aceptar la entrega del inmueble, el comprador debe realizar una inspección detallada para comprobar que la vivienda cumple con las condiciones pactadas y reportar cualquier irregularidad.

Además, recomienda conservar toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo publicidad, folletos, cotizaciones, contratos y recibos, ya que estos documentos pueden servir como evidencia en caso de una reclamación.

Los vicios ocultos también generan reclamaciones

La Acodeco recordó que el hecho de adquirir una vivienda nueva no garantiza que esté libre de defectos.

Los llamados vicios ocultos pueden manifestarse meses o incluso años después de la compra, por lo que recomienda exigir las garantías correspondientes e investigar previamente el historial de la empresa promotora, incluyendo las reclamaciones que haya registrado.

La entidad recordó que, ante cualquier diferencia con una promotora o empresa inmobiliaria, los consumidores pueden presentar su caso ante la Acodeco, institución encargada de velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007.