CIDH recibe peticiones contra desplazamiento y protección a afros en Brasil

Organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron hoy medidas a los Gobiernos de América Latina contra el desplazamiento y denunciaron un genocidio contra la población negra de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El penúltimo día de audiencias del 167 periodo de sesiones que la Comisión realiza en Bogotá se inició con la solicitud de entidades de México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Chile de medidas para evitar el desplazamiento y garantizar los derechos a las víctimas de ese flagelo.

"El desplazamiento es un tema que se ha tornado complejo para su solución, venimos en representación de miles de voces de América Latina que claman un proceso de solución a tan complejo fenómeno, un grave problema que no ha recibido atención adecuada de los Gobiernos", manifestó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.

González dijo que en su país al menos 35.000 personas fueron desplazadas el año pasado, en Honduras existen 349 casos de riesgo, en Ecuador desde 2006 se presenta este problema en provincias fronterizas con Colombia como Esmeraldas y en Chile el volcán Chaitén hizo evacuar a 5.700 personas en 2008.

Asimismo, señaló que "el desplazamiento interno por violaciones a los derechos humanos, desastres naturales y proyectos de desarrollo ha aumentado en México, Ecuador y Chile", por lo que considera importante se legisle sobre esta materia.

A modo de ejemplo González mencionó a Honduras, Colombia y Ecuador, donde "hay un reconocimiento" del problema y se ha hecho la "documentación de casos", lo que él considera "un avance".

A diferencia de estos, el titular de la CNDH señaló que en México y Guatemala "no hay reconocimiento" pese al riesgo "latente de desplazamiento" y que las cifras que se manejan en esos países son registradas por las organizaciones.

Como solución, González planteó diez propuestas a la CIDH y a los Estados, entre ellas la participación de las regiones afectadas en las legislaciones, la creación de observatorios para documentar el problema y la protección transfronteriza para los casos necesarios.

Además de analizar este caso, la sociedad civil brasileña denunció ante los comisionados de la CIDH un supuesto "plan de genocidio" contra la población negra del país por parte del estado a través de la Policía.

"En 2016 un total de 24.200 personas murieron por la Policía. Esto representa una muerte cada dos horas. El 86 % de las víctimas son hombre, jóvenes entre 12 y 29 años, de ellos el 72 % son negros, parece que hay una política estatal de genocidio (contra esa población)", manifestó Joao Paulo de Godoy, del colectivo Conectas Direitos Humanos.

A raíz de esto, Godoy calificó a la Policía brasileña como una de las "más letales" y lo justificó con cifras de su entidad, que aseguran que entre 2009 y 2016 cerca de 22.000 personas murieron por uniformados.

Esta tesis fue apoyada por Rodrigo Deodato, del Gabinete de Asesoría Jurídica para Organizaciones Sociales, quien afirmó que en 2017 un total de "5.277 personas fueron asesinadas en Pernambuco por agentes de estado y entre habitantes", de los cuales 95 % eran de la comunidad negra.

La nueva comisionada para el país, Antonia Urrejola, pidió a los representantes del Estado conocer los mecanismo para sancionar "el uso excesivo de la fuerza pública" y el rol del Ministerio Público en la ejecución de planes de seguridad pública, los cuales profundizará en un visita "in loco" en noviembre.

El derecho a la protesta en Argentina también tuvo su espacio en la Comisión, el cual fue aprovechado por organizaciones para acusar al Gobierno de reprimir protestas sociales con violencia, medidas administrativas y falsas acusaciones de terrorismo.

"Es muy grave la construcción de una hipótesis de terrorismo vinculada a reclamos mapuches en el sur del país. Imitando a Chile, el Gobierno planteó la existencia de un grupo mapuche violento de características terroristas en la Patagonia", manifestaron los defensores.

Según las agrupaciones, estas prácticas tuvieron como consecuencia la muerte de Santiago Maldonado, quien participó el 1 de agosto del año pasado en un protesta que fue reprimida por la Gendarmería y tras la cual resultó desaparecido, aunque 78 días después su cuerpo fue hallado a orillas del río Chubut.

El 167 periodo de sesiones de la CIDH culminará mañana con audiencias en las que se analizará el indulto al presidente peruano Alberto Fujimori, la Ley de Seguridad y el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en México, entre otras.