Cunha insiste en la legalidad del proceso contra Rousseff

El jefe de la Cámara baja de Brasil, Eduardo Cunha, suspendido por alegada corrupción y quien inició el trámite que separó de sus funciones a Dilma Rousseff, alegó hoy su inocencia y defendió la legalidad del proceso contra la mandataria.

Cunha compareció hoy ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que desde hace poco más de seis meses lleva adelante un proceso que le puede costar el escaño del que ha sido suspendido por la Corte Suprema, que ha iniciado un juicio penal en su contra por sospechas que lo vinculan a las corruptelas en la estatal Petrobras.

El proceso en el Consejo de Ética se apoya en declaraciones que Cunha dio a una comisión parlamentaria, ante la que negó poseer unas cuentas en el exterior en las que habría ocultado dinero procedente de la corrupción petrolera, en la que también asegura que no participó.

Sin embargo, la propia Justicia helvética comprobó la existencia de esas cuentas en documentos que ha remitido a Brasil y que Cunha se niega a reconocer.

El polémico parlamentario volvió a negar hoy que tenga cuentas bancarias ocultas y reiteró que sólo ha hecho inversiones en un fondo de fideicomiso.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía, Cunha sería en realidad el propietario de ese fondo de fideicomiso en Suiza, para cuya creación habría declarado un patrimonio de 16 millones de dólares, que ante las autoridades fiscales brasileñas ha cifrado en apenas 1,5 millones de reales (unos 430.000 dólares).

Sin embargo, Cunha insistió en que el dinero que posee en el exterior está administrado por un fondo de fideicomiso sobre el cual no tiene control alguno, en cuya creación no participó y que es gestionado por sus responsables legales.

También reiteró que el dinero que invirtió, cuyas cifras no precisó, lo obtuvo hace más de tres décadas y fue producto de sus anteriores actividades de comercio exterior, que se centraban sobre todo en la exportación de carnes a países africanos.

Cunha, quien responde ante la Corte Suprema por acusaciones de corrupción asociadas al escándalo de Petrobras, fue suspendido de su mandato de diputado por ese tribunal el pasado 5 de mayo.

Según la corte, Cunha se valió de su cargo de presidente de la Cámara baja y de su escaño para obstruir la acción de la Justicia y hacer negocios con empresarios que le pagaban abultadas coimas para que interfiriera por la aprobación de medidas en el Parlamento.

Rousseff ha afirmado que el juicio político iniciado en su contra tuvo inicio en una "venganza" de Cunha, quien habría aceptado dar curso al proceso después de que el Partido de los Trabajadores (PT) le negó apoyo en el proceso que enfrenta en el Consejo de Ética de la Cámara baja.

Ante el Consejo de Ética, Cunha volvió a rechazar que haya sido movido por algún "ánimo de represalia" cuando puso en marcha el trámite y reiteró que aceptó la acusación contra Rousseff porque presentaba indicios de que la mandataria había violado las leyes que regulan los presupuestos.

"No se puede promover la destitución de un jefe de Estado si los hechos planteados en la acusación no son aquellos previstos en la Constitución y si no afrontan la ley. Pero esos hechos atentaban contra la Constitución y afrontaban las leyes", declaró.

Reiteró además que antes de aceptar la solicitud de "impeachment" que condujo a la suspensión de Rousseff de sus funciones había rechazado cerca de 40 pedidos similares, porque "no cumplían con las condiciones necesarias" para un proceso de esa naturaleza.

Rousseff fue suspendida por 180 días, el tiempo que el Senado tiene para realizar el proceso en su contra, y su cargo fue ocupado en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer.

Si la mandataria fuera finalmente destituida, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si fuera absuelta, recuperará el cargo una vez que sea publicada la sentencia.