La decisión de segunda instancia deja sin efecto el fallo de una corte inferior en Brasilia, que le había prohibido a Lula (2003-2010) salir del país para evitar una supuesta fuga, horas antes de que embarcara en un vuelo a Etiopía para una reunión de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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El viaje fue cancelado y los abogados de Lula entregaron su pasaporte a la policía.

"No hay cómo concluir que [Lula] pretendiese fugarse del país con la finalidad de impedir la aplicación de nuestra ley penal. Por el contrario, se percibe en su conducta el cuidado de demostrar, sobre todo al poder judicial, que su salida del país estaba justificada por un compromiso profesional previamente agendado", escribió el juez federal Bruno Apolinário, en la capital brasileña.

"Solamente con un gran ejercicio de imaginación se podría llegar a la conclusión proferida en la decisión [de primera instancia]", añadió en el texto al que accedió la AFP.

Lula fue condenado en julio de 2017 a casi 10 años de prisión por recibir un apartamento tríplex a cambio de favorecer a una constructora involucrada en la red de sobornos de Petrobras. 

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Ese fallo fue confirmado el miércoles pasado por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre (TRF4), que además de ampliar la pena a 12 años y un mes de detención, dejó su candidatura presidencial en la cuerda floja, cuando el exmandatario lidera todos los sondeos de intención de voto para octubre próximo. 

El fallo también podría llevarlo a prisión.

Los fiscales que solicitaron el decomiso de su pasaporte argumentaron que existía el riesgo de que Lula solicitara asilo en algún país sin tratado de extradición con Brasil, ante el peligro "real e inminente" de que perdiese su libertad.

El fallo del TRF4 indica que la pena solo podría ser ejecutada una vez agotados todos los recursos de apelación, lo que podría demorar varias semanas o meses.

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Y aun en ese caso, la defensa de Lula tiene la opción de apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y la suprema corte.