CIDH hará recomendaciones a Ecuador tras crisis carcelaria que deja más de 300 muertos

Quito/Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizaron la crisis carcelaria en Ecuador, que deja más de 300 presos muertos este año, emitirá sus recomendaciones dentro de 15 días, dijo este viernes Stuardo Ralón, jefe de la misión.

"En los próximos 15 días emitiremos una serie de recomendaciones técnicas a efecto de colaborar para que pueda enfrentarse como un problema de Estado esta situación", señaló Ralón, relator para personas privadas de libertad de la CIDH, en un video difundido por el organismo al final de la visita.

La delegación llegó a Ecuador el miércoles pasado para analizar la crisis carcelaria derivada de la sobrepoblación en las cárceles y los enfrentamientos entre bandas rivales dentro de los centros penitenciarios.

"Todas las recomendaciones las daremos con respeto a la dignidad humana y a los derechos que corresponden a las personas privadas de la libertad", agregó Ralón.

El relator confió en que la crisis carcelaria "pueda solucionarse con la colaboración de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo", con cuyos representantes se reunió la delegación.

En su gira, el equipo visitó cuatro cárceles de las ciudades de Quito, Latacunga y Guayaquil. En esa última ciudad se han producido las peores masacres.

En la penitenciaría Guayas 1, en el puerto de Guayaquil (suroeste), fallecieron 62 personas el 13 de noviembre cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes. En esa misma cárcel, en septiembre, otros 119 reos fueron asesinados en una de las peores matanzas carcelarias de Latinoamérica.

Ecuador registra una sobrepoblación del 30% en las cárceles del país, que tienen capacidad para unas 30.000 personas, pero albergan a unas 39.000, de las cuales 15.000 no tienen una sentencia.

Para combatir la violencia dentro de las prisiones, el gobierno extendió el lunes, por otros 30 días, el estado de excepción dentro del sistema penitenciario, lo que le permite movilizar a la Policía y Fuerzas Armadas para reforzar el control en los centros.