Comienza juicio contra activista acusado de terrorismo en Venezuela y defensa pide nulidad

El juicio contra Javier Tarazona, un activista de derechos humanos detenido en Venezuela en julio de 2021 y acusado de "terrorismo", se reinició por tercera vez este martes con una solicitud de la defensa para que sea anulado el proceso.

El tribunal convocó una nueva audiencia para el próximo 5 de diciembre, a pesar del recurso de nulidad interpuesto contra la causa que mantiene a Tarazona preso.

"Es un juicio político. Es una acusación genérica, no hay hechos concretos. Es una situación inverosímil", dijo a la AFP el abogado defensor Miguel Forero tras culminar la audiencia.

El primer proceso contra él tuvo una primera audiencia en agosto de 2022, luego de 13 diferimientos, pero fue interrumpido en octubre por incumplimiento de los plazos legales para su continuidad. El segundo, que se abrió en diciembre de 2022, sufrió idéntica suerte.

Tarazona, conocido por su papel en denuncias sobre enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos guerrilleros en zonas fronterizas, es juzgado junto a otros dos activistas por acusaciones de "terrorismo", "instigación al odio" y "traición a la patria". 

Su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, integrantes de FundaRedes, la ONG que preside, son sus otros dos compañeros juzgados, pero en libertad. Cuentan con una medida de presentación ante tribunales cada 15 días. 

Tarazona es una de las figuras más emblemáticas de unos 300 "presos políticos" en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos, cuya liberación pide Amnistía Internacional.

Con presencia en la mayoría de los estados fronterizos, Fundaredes alertó en 2021 sobre los enfrentamientos entre grupos de irregulares colombianos y el Ejército venezolano. 

La organización acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de albergar a líderes guerrilleros colombianos dentro del territorio venezolano. 

El activista también sostuvo que el gobierno tiene vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Venezuela comparte una porosa frontera con Colombia de más de 2.200 kilómetros, muy golpeada por el narcotráfico, el contrabando y grupos armados.