Culminan los registros a Fernández con un operativo en la casa donde murió Kirchner

Con un operativo en la casa donde murió el expresidente argentino Néstor Kirchner en 2010, la Policía culmina hoy los registros a los domicilios de su viuda, la también exmandataria Cristina Fernández, ordenados por un juez para buscar pruebas en un caso en el que está acusada de haber recibido coimas.

Tras los operativos de este jueves en el apartamento de Fernández en Buenos Aires -que duró 12 horas- y en su casa de Río Gallegos (sureña provincia de Santa Cruz), un dispositivo encabezado por la Policía Federal de Argentina llegó hoy a su chalet de El Calafate, muy próximo al glaciar Perito Moreno, uno de los puntos más turísticos del país.

"¡Circo, circo!", "¡No tienen ni idea de lo que es la Justicia!" o "¡Macri, pedazo de vendepatrias!", fueron algunos de los gritos que varios seguidores de la actual senadora lanzaron a la llegada de la comitiva, que además de agentes policiales -incluido un grupo de canes- está integrada por miembros del Fisco.

Además, según se pudo ver en imágenes difundidas por televisión, al acceder al predio, los efectivos se acompañaron de dos jóvenes que actúan como testigos al azar del procedimiento, del que se desconoce cuál será su duración.

La expresidenta (2007-2015), que no está en la casa, ha dormido las dos últimas noches en el piso de su hija Florencia en el barrio porteño de Constitución, donde este jueves festejaron el tercer cumpleaños de su nieta Elena.

De los registros del jueves no trascendió ningún detalle, aunque desde el peronismo kirchnerista alertaron de supuestas irregularidades en torno a los mismos y mostraron preocupación por la seguridad de su líder.

"Sabemos de los equipos que adquirió el Gobierno nacional (de Mauricio Macri) de cámaras y escuchas. Hace más de 6 horas que entraron con valijas y echaron al abogado defensor del lugar (el apartamento de Buenos Aires). ¿Cómo puede volver a vivir la expresidenta ahí?", expresó en la tarde de ayer la bancada de senadores del kirchnerismo.

El juez Claudio Bonadio ordenó los allanamientos para buscar pruebas en la investigación en la que Fernández está imputada por encabezar, supuestamente, una "asociación ilícita" compuesta por exfuncionarios que, como ella, están acusados de haber recibido millonarios sobornos de parte de empresarios -también imputados- que se beneficiaron con contratos de obras durante los Ejecutivos kirchneristas.

A pesar de que hace varias semanas que Bonadio ordenó los registros, estos no se han realizado hasta finales de esta semana por requerir el magistrado de la autorización del Senado -ya que Fernández tiene fueros como legisladora-; un visto bueno que llegó el miércoles tras un intenso y polémico debate parlamentario.

La vivienda de El Calafate -un amplio chalet de dos pisos y varias habitaciones rodeado de un extenso jardín- fue donde el 27 de octubre de 2010 un paro cardiaco acabó con la vida del marido de Fernández, Néstor Kirchner (2003-2007).

En una extensa carta abierta divulgada en su cuenta de Facebook, la exmandataria avaló el martes pasado que el Senado diera permitiera los operativos de Bonadio para acabar "de una vez por todas" con el "show" montado alrededor de unos "allanamientos sin fundamentos".

En ese texto, entre otras disposiciones, Fernández pidió al magistrado que no rompiera "nada" en sus casas y dispusiera el uso de los "instrumentos técnicos necesarios" para escanear paredes si necesidad de romperlas.

"En esta solicitud no me moviliza sólo impedir el daño material que puedan llegar a ocasionar. Es que, en mi casa de El Calafate, el 27 de octubre de 2010, se produjo el momento más doloroso de mi vida y por lo tanto su preservación tal como está es, para mí y para mi familia, muy importante", concluyó la ex jefa de Estado.

Según dijo cuando era presidenta, El Calafate, rodeado de paisajes, es su "lugar en el mundo". La casa registrada hoy está separada apenas por un arroyo de Los Sauces, el hotel propiedad de la familia Kirchner -actualmente cerrado- que también fue objeto de investigación por presuntos negocios irregulares con empresarios.