El fin de la financiación empresarial reduce las alcancías de los partidos en Brasil

La prohibición de la financiación empresarial para campañas políticas tras la operación Lava Jato ha reducido el tamaño de las alcancías de los partidos en Brasil, muchos de los cuales han recurrido a la microfinanciación para los comicios de octubre próximo, los más inciertos de las últimas décadas.

A diferencia de otras elecciones, los partidos no cuentan este año con el aporte económico de las grandes empresas del país, que históricamente han sido la principal fuente de financiación electoral.

La decisión de prohibir las donaciones empresariales la tomó en 2015 el Tribunal Supremo de Brasil (STF) tras el escándalo de la Lava Jato, una importante investigación que desveló la promiscua relación entre los partidos y empresas.

Según demostraron las investigaciones, compañías brasileñas donaban sumas millonarias, muchas veces sin declarar, para las campañas de los más diversos partidos y, a cambio, los políticos otorgaban favores mediante la aprobación de medidas legislativas o la facilitación de contratos públicos.

Para esquivar la falta de recursos tras el veto del STF, el Congreso aprobó en 2017 una reforma política que incluye, entre otras medidas, la creación de un fondo público para la financiación de campañas políticas.

El fondo, cuestionado por algunos sectores debido al uso de dinero de los contribuyentes, pone a disposición un total de 1.700 millones de reales (unos 460 millones de dólares) a ser distribuidos entre los 35 partidos que se miden en las elecciones.

El Movimiento Democrático Brasileño (MDB), del presidente Michel Temer, el partido con el mayor número de afiliados, es el principal beneficiado, con 234 millones de reales (unos 63 millones de dólares) que deben de ser repartidos entre los diferentes candidatos de la sigla para las elecciones regionales, legislativas y presidenciales de octubre.

Por detrás se sitúan el Partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, con 212 millones reales (57 millones de dólares) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), con 185 millones (50 millones de dólares).

El presupuesto es más escueto que el de las elecciones de 2014, cuando el PT y el PSDB declararon haber gastado más de 1.000 millones de reales (270 millones de dólares), y el MDB 783 millones (211 millones de dólares).

Ahora, sin las donaciones empresariales, los partidos se han visto obligados a hacer campaña sin grandes recursos, según explicó a Efe el profesor de ciencias políticas de la escuela de economía Fundación Getulio Vargas, Eduardo Grin.

"Eso altera el comportamiento de los partidos y afecta sobre todo a las piezas de márketing", que en las pasadas elecciones estuvieron dirigidas por los mejores publicistas de Latinoamérica, algunos de ellos también salpicados por corrupción, sostuvo Grin.

Ante el fin de la financiación empresarial, las formaciones han recurrido al "crowdfunding" para financiar sus campañas presidenciales, que, según la ley electoral, tendrán un techo máximo de 70 millones de reales (8 millones de dólares) por candidato.

Hasta el momento, Lula, abanderado del PT a pesar de su probable inhabilitación política tras una condena en segunda instancia, es el político que más ha recaudado a través de las llamadas "vaquinhas", con poco más de medio millón de reales (unos 135.000 dólares).

A la batalla por microfinanciación también se han lanzado otros candidatos, entre ellos la ecologista Marina Silva, quien ha iniciado una "campaña franciscana" en su tercera carrera para conseguir la presidencia de Brasil.

Otros candidatos más acaudalados, como el exministro de Hacienda Henrique Meirelles (MDB), han optado por poner dinero de su propio bolsillo para financiar la carrera electoral e intentar mejorar el 1 % que le dan las encuestas de intención de voto.