Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva para Santiago Peña por presuntas irregularidades en Ueno Bank

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado 7 de noviembre la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, destituido un día antes mediante un juicio político, luego de imputarlo por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por el colapso de Ueno Bank.

Además de solicitar su encarcelamiento preventivo, el Ministerio Público pidió identificar e inmovilizar sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como localizar sus propiedades y otros derechos patrimoniales.

La Fiscalía también dispuso la prohibición general de vender o gravar sus bienes, una medida destinada a restringir operaciones sobre su patrimonio mientras avanzan las investigaciones.

La investigación busca establecer si Peña utilizó su posición como presidente de Paraguay para influir en decisiones que permitieron colocar y mantener importantes cantidades de dinero público en Ueno Bank, institución con la que habría mantenido vínculos empresariales.

Según la acusación, durante su administración se habría registrado un incremento considerable de los depósitos provenientes de instituciones estatales y fondos destinados a jubilaciones y pensiones. Entre las entidades mencionadas figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y distintas cajas de jubilaciones.

Al cierre de septiembre de 2026, los recursos públicos y previsionales colocados en Ueno Bank habrían alcanzado aproximadamente 3.6 billones de guaraníes y 233.4 millones de dólares, según cifras preliminares citadas en el documento de imputación.

Los investigadores intentan determinar si estas operaciones respondieron a decisiones administrativas legítimas o si estuvieron relacionadas con posibles beneficios económicos para intereses particulares.

Investigan vínculos empresariales de Peña con Ueno Bank

Otro de los elementos examinados por la Fiscalía es la relación que Santiago Peña habría mantenido con Ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada al banco investigado.

De acuerdo con el documento, el expresidente habría conservado durante casi los dos primeros años de su mandato una participación accionaria y vínculos corporativos con el grupo empresarial, al mismo tiempo que ejercía la Presidencia de Paraguay.

Los fiscales buscan establecer si esta situación pudo representar un conflicto de intereses en las decisiones relacionadas con los depósitos de recursos estatales.

La investigación también analiza tres intervenciones públicas en las que Peña habría expresado respaldo a la situación financiera de Ueno Bank.

Según los señalamientos del Ministerio Público, estas declaraciones se habrían producido pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades crediticias y riesgos para la estabilidad patrimonial de la entidad.

Créditos a empresas vinculadas, otro punto de la investigación

Las autoridades paraguayas también examinan préstamos que Ueno Bank habría otorgado a sociedades relacionadas con su propio grupo empresarial.

La Fiscalía pretende determinar si esas operaciones se realizaron bajo condiciones que pudieron perjudicar los intereses económicos de la institución y comprometer los fondos que administraba.

En esta causa también están imputados ocho directivos bancarios: Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada.

Los delitos atribuidos a los ejecutivos incluyen lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa e incumplimiento de la obligación de llevar libros de comercio.

Crisis de Ueno Bank provocó destitución de Santiago Peña

El caso desencadenó una de las mayores crisis políticas y financieras recientes de Paraguay.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución y disolución de Ueno Bank, luego de determinar que su índice de solvencia había descendido por debajo del 50 % del mínimo establecido por la legislación bancaria.

La situación dejó a millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas, entre ellos trabajadores, pensionados y jubilados, y provocó protestas de ciudadanos que exigían recuperar sus ahorros.

En medio de la presión política, Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre. Sin embargo, el Congreso paraguayo continuó el procedimiento de juicio político en su contra.

El viernes 6 de noviembre, el exmandatario fue destituido por decisión unánime del Senado, según la información difundida sobre el proceso.

Denuncias de parlamentarios dieron impulso a la investigación

Las actuaciones fiscales también tienen como antecedente denuncias presentadas el 5 de noviembre por legisladores de oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.

Los señalamientos están relacionados con la administración de recursos públicos, los posibles conflictos de interés y las operaciones financieras de Ueno Bank.

La solicitud de prisión preventiva deberá ser evaluada por la autoridad judicial competente. La imputación no constituye una condena y Peña mantiene su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa.