Fuerzas Armadas de Perú reducen a 16 el balance de muertos en matanza en valle cocalero
Las Fuerzas Armadas de Perú precisaron este martes que fueron 16, y no 18, las personas asesinadas el domingo en un ataque armado en un remoto poblado de un valle cocalero donde operan remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.
Las víctimas del ataque contra dos bares de la aldea de San Miguel del Ene son 16, entre ellas "cuatro menores de edad", dijo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
El lunes, el Comando y el presidente interino Francisco Sagasti habían informado que los muertos ascendían a 14, pero horas después el jefe de lucha contra el Terrorismo de la Policía, general Óscar Arriola, indicó que eran 18 pues habían sido hallados más cuerpos afuera de los bares atacados.
La matanza, atribuida a remanentes de Sendero por las autoridades, elevó la tensión en la polarizada campaña al balotaje presidencial del 6 de junio entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori.
Ambos candidatos condenaron el ataque, que evoca la violencia que vivió Perú durante el conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000.
La aldea selvática de San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene, que forma parte del valle cocalero conformado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por su acrónimo de VRAEM, donde operan remanentes de Sendero, grupo al que el gobierno califica de "terrorista".
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la localidad de Pichari, en la región de Cusco, para hacer las autopsias antes de ser entregados a sus familias para ser sepultados, dijo el Comando Conjunto.
"En el lugar se hallaron panfletos que conminaban a la población a no participar en el proceso electoral 2021", indicó el lunes el Comando Conjunto, que atribuyó el ataque a una columna senderista dirigida por Víctor Quispe Palomino ("Camarada José").
Casi todos los líderes de Sendero están presos, pero sus remanentes liderados por el "Camarada José" operan aún en el VRAEM, el mayor valle de cultivos de hoja de coca de Perú, que está bajo vigilancia militar desde 2006.
Esos remanentes operan en alianza con bandas del narcotráfico, según las autoridades. Perú, Colombia y Bolivia son los mayores productores de coca del mundo, de acuerdo a la ONU.
Sagasti ordenó el despliegue de patrullas militares y policiales en la zona "para que esta acción terrorista no quede impune", y la Fiscalía envió un equipo especializado en terrorismo para llevar a cabo las investigaciones.