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Gobernador del partido de Temer en la mira de la Policía Federal de Brasil
El gobernador del estado de Tocantins, Marcelo Miranda, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), es uno de los objetivos de la Policía Federal en el marco de una operación iniciada hoy contra 108 personas acusadas de delitos contra la administración pública y lavado de dinero.
Miranda y su secretario de infraestructura, Sergio Leão, están en el punto de mira de las autoridades por pertenecer a una trama que cometía "fraudes en contratos de licitaciones públicas con empresas de familiares y personas de confianza del jefe del ejecutivo estatal", confirmó a Efe la Policía Federal.
El gobernador pertenece al partido liderado por el presidente brasileño, Michel Temer.
"Las autoridades identificaron hasta el momento un montante de más de 200 millones de reales (unos 59 millones de dólares) efectivamente lavados", se indica en un comunicado divulgado por la institución.
La operación 'Reis do Gado' (reyes del ganado), en la que participan 280 agentes, se inició hoy en varios estados del país con el objetivo de cumplir con 108 mandatos judiciales, ocho de los cuales son de prisión preventiva y 76 de busca y captura.
La trama ocultaba el dinero desviado ilícitamente por medio de "transacciones inmobiliarias fraudulentas, contratos por debajo de la mesa y maniobras fiscales ilegales que incluían la compra de viviendas y grandes cantidades de ganado".
Una parte de la cantidad defraudada tenía como destino la formación de una caja de contabilidad paralela con recursos no declarados para campañas realizadas en el estado de Tocantins, en el norte de Brasil.
La Policía destacó el volumen "desproporcionado" de algunas transacciones financieras, que denotan "claramente la intención de disimular los movimientos ilícitos del grupo".
En uno de ellos, según las investigaciones preliminares realizadas por la policía, fue identificada una compra de ganado cuyo volumen no cabría en la propiedad prevista para su crianza.
Los investigados responderán por los delitos de lavado de dinero, corrupción pasiva, fraude de licitación y pertenencia a organización criminal.
