Maduro dice que la fiscal venezolana se negó a dialogar con su Gobierno
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha negado a dialogar con su Gobierno, al igual que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la principal patronal del país, Fedecámaras.
"La señora Luisa Ortega Díaz, se negó a dialogar, se negó a hablar ¿Por qué sería? ¿Qué creen ustedes?", dijo Maduro desde un acto con simpatizantes chavistas en Caracas en el que señaló que "quien no quiere hablar es que no tiene la razón, o esconde un puñal de la traición".
Indicó que la fiscal, al igual que la MUD y Fedecámaras, "no quiso hablar" pese a que la comisión presidencial por el diálogo le ofreció visitarla a su oficina.
"Fueron los únicos tres sectores ¿Cómo uno se va a negar a dialogar? ¿Cuál es la alternativa al diálogo? ¿La violencia? ¿Cuál es la alternativa al diálogo? ¿La intolerancia? ¿Cuál es la alternativa al diálogo? ¿La guerra civil? El diálogo no tiene alternativa en el país", dijo.
Maduro ha hecho un nuevo llamado al diálogo en el marco de la ola de manifestaciones a favor y en contra de su Gobierno que hasta el momento han dejado 74 fallecidos, cientos de heridos y detenidos, según cifras de la Fiscalía.
El presidente dijo hoy que ratifica su "creencia absoluta" en que la Asamblea Nacional Constituyente que ha propuesto para cambiar la Carta Magna es "el único camino al diálogo, a la paz, a la convivencia, a la solución de los problemas que tiene el país y a la derrota definitiva del golpe de Estado y de la traición".
La fiscal general de Venezuela ha sido calificada por el chavismo como una traidora después de que manifestó su rechazo a varias sentencias del Supremo que favorecen al Gobierno, y sobre todo tras introducir recursos para destituir magistrados y evitar que se instale la Constituyente propuesta por Maduro.
El viernes el chavismo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela enjuiciar a la fiscal, pidió la prohibición de su salida del país y la congelación cautelar de sus bienes.
Según el oficialismo, la fiscal ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar, o amenazar la ética publica y la moral administrativa"; "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución", y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".
