Miles de manifestantes apoyan el juicio político a Rousseff

Miles de brasileños acudieron hoy al llamamiento realizado por distintos grupos sociales, que en los últimos días organizaron concentraciones en más de cien ciudades del país, para exigir la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff.

Al grito de "Fuera Dilma", numerosos ciudadanos vestidos de verde o amarillo en su mayoría recorrieron este domingo algunos de los puntos más emblemáticos del país, portando pancartas que pedían la destitución de la jefe de Estado brasileña.

En la capital del gigante suramericano, Brasilia, unas cinco mil personas, según estimaciones de la Policía, recorrieron la Explanada de los Ministerios hasta llegar frente al Congreso, donde se concentraron para hacer oír sus demandas.

Al final del acto, un reducido grupo de manifestantes prendió fuego a un ataúd de madera que contenía una bandera del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

En la Avenida Atlántica, que recorre la mítica playa de Copacabana de Río de Janeiro, los manifestantes portaban una inmensa bandera "verde-amarelha" con el lema "Impeachment" bordado en ella.

Pese a que los actos de protesta habían sido convocados por grupos sociales ajenos a partidos políticos, como Vem pra Rua o Movimento Brasil Livre, figuras de este ámbito, como el diputado derechista Jair Bolsonaro, también se acercaron para exigir el final del mandato de Rousseff.

En la capital fluminense llegó a darse un conato de violencia cuando diversos seguidores del PT, que habían acudido a apoyar al Gobierno, se enfrentaron a los manifestantes, aunque la Policía evitó que se produjera un altercado.

En Sao Paulo dos grandes muñecos hinchables, que parodiaban a una Dilma Rousseff enmascarada cual bandida y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiario, hicieron las delicias de los manifestantes, que en este caso, según datos de los grupos convocantes, sumaban decenas de miles.

Las protestas que se produjeron este domingo por todo el país no contaron con el masivo apoyo de las que se produjeron en abril y agosto pasados, cuando millones de personas salieron a las calles para protestar por la corrupción y la crisis económica del país.

Los grupos organizadores, algunos de los cuales llegaron a denunciar haber sido víctimas de censura en la red en los últimos días, achacaron esta escasa asistencia a la falta de tiempo a la hora de convocar a los ciudadanos, pero consideraron que los actos de hoy servirán para calentar motores de cara a las protestas que prevén organizar el próximo mes de enero.

Las protestas de hoy fueron también el reflejo de una parte de la sociedad brasileña, que anhela un cambio político en el país, como mostró una encuesta de la empresa demoscópica Datafolha publicada hoy por el diario "Folha de Sao Paulo".

De acuerdo con esta encuesta, sólo un 32 % de los brasileños cree que el país mejoró en los últimos trece años, es decir, durante los sucesivos Gobiernos del PT, primero con Lula da Silva (2003-2010) y luego con Rousseff.

En cuanto a la gestión del Gobierno, apenas el 24 % de la población valora la presidencia del actual partido gobernante como buena, frente al 40 % que la califica de regular y al 35 % que la considera mala o muy mala.

De acuerdo con el estudio, esta percepción se debe a factores como la crisis económica, los casos de corrupción -que han llevado a diversos miembros del PT a la prisión- y la actual fragilidad política en el gigante suramericano.

Brasil lleva meses en recesión, con tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo, y según las últimas previsiones de los economistas puede terminar este año con una contracción del 3,5 % y 2016 con una bajada del 2,31 %.

Si se confirman estos datos, Brasil encadenará dos años consecutivos de crecimiento negativo por primera vez desde 1948.

A finales de noviembre fue arrestado por orden de la Corte Suprema Delcídio Amaral, jefe del oficialismo en el Senado de Brasil, y en septiembre el extesorero del PT Joao Vaccari fue condenado a quince años y cuatro meses de cárcel, ambos salpicados por el escándalo de corrupción de Petrobras.

Según ha admitido la propia petrolera estatal en sus balances, la red de corrupción operó al menos entre 2004 y 2014, período en que desvió de forma ilegal unos 2.000 millones de dólares, inflando sus valores para luego repartir las diferencias con directivos de la compañía y políticos que amparaban el fraude.

Por último, Rousseff afronta en estos momentos un juicio político con miras a su destitución que comenzó el pasado martes en la Cámara baja pero que actualmente se encuentra suspendido a la espera de que el próximo miércoles 16 de diciembre, la Corte Suprema se pronuncie sobre los procedimientos necesarios para llevarlo a cabo.

Los cargos a los que hace frente Rousseff se fundamentan en una serie de maniobras fiscales que el Gobierno llevó a cabo en 2014 y continúo en 2015 con el fin de maquillar sus cuentas.

Estas maniobras podrían llegar a ser consideradas "delitos de responsabilidad", una de las causas que la Constitución brasileña contempla como motivo para la destitución de un mandatario.