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Ordenan prisión preventiva para dos exministros de Petro por caso de corrupción
El juicio se desarrolla en plena campaña electoral de cara a las presidenciales de 2026, en las que la izquierda oficialista es favorita según las encuestas.
Un tribunal de Colombia ordenó el jueves la prisión preventiva para dos exministros del presidente Gustavo Petro en medio del juicio por el mayor escándalo de corrupción de su gobierno.
Los antiguos jefes de las carteras de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, son acusados de delincuencia organizada, cohecho y contratos ilegales por supuestamente liderar un "pacto criminal" para otorgar contratos públicos a parlamentarios a cambio de su apoyo en proyectos de reformas clave del Ejecutivo.
La fiscalía había pedido prisión domiciliaria para ambos. Pero una jueza del tribunal superior de Bogotá consideró insuficiente la solicitud y dictó prisión preventiva como una medida "necesaria y proporcional", teniendo en cuenta la magnitud del caso, el rol dominante de los funcionarios y su cercanía con el poder, según anunció durante una audiencia el jueves.
El juicio se desarrolla en plena campaña electoral de cara a las presidenciales de 2026, en las que la izquierda oficialista es favorita según las encuestas.
Petro aseguró que Bonilla "ha sido extorsionado y es víctima".
"Lo conozco de años y sé que es inocente", escribió el mandatario en X. "No interfiero en la justicia y ella determinará", añadió.
Según la fiscal María Cristina Patiño, los exministros "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas".
Los contratos investigados provenían de 79 proyectos de un órgano estatal para atender emergencias y de otro para construcción de carreteras, por un valor de más de 163 millones de dólares. Solo siete fueron ejecutados, según la fiscalía.
Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del gobierno, según la acusación.
El caso forma parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se destapó el año pasado cuando investigaciones periodísticas señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira, en el extremo noreste de Colombia.
El escándalo salpica a altos funcionarios, congresistas y directivos de las compañías.
