El vicepresidente venezolano dice que EE.UU. no tiene "prueba alguna" contra él

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró hoy que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos no ha presentado pruebas en su contra sobre las acusaciones que le vinculan con narcotráfico internacional debido a que "no existe prueba alguna".

"No hay una sola prueba. Es una medida arbitraria, ilegal, extraterritorial, que viola todo tipo de derecho (...) La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU) no ha emitido ni una sola prueba y no la va a emitir porque no existe prueba alguna", dijo en entrevista con el canal privado Televen.

Según El Aissami, las autoridades estadounidenses han tomado los testimonios de cuatro narcotraficantes capturados en Venezuela bajo su gestión cuando dirigió el Ministerio de Interiores del país y los están utilizando como parte de "una patraña" para acusar al Estado venezolano de narcotráfico.

El pasado 13 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a El Aissami por supuestamente "jugar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".

Las autoridades estadounidenses explicaron que estas acciones son el resultado de "una investigación de años" y afirmaron que no son una represalia diplomática contra el Gobierno de Venezuela, sino que se dirigen a dos individuos "exclusivamente".

Estas sanciones resultaron en la congelación de "decenas de millones de dólares" en los activos del vicepresidente venezolano -y un empresario acusado de ser su testaferro, Samark López- bajo jurisdicción estadounidense.

Ante esto, El Aissami afirmó hoy que estas son "calumnias que se caen por sí solas" ya que, según él, este no tiene cuentas en Estados Unidos ni posee visa estadounidense.

"Nunca he tenido visa y nunca la he solicitado tampoco. Yo ni tengo cuenta en los Estados Unidos, ni en Estados Unidos ni en ningún lado del mundo. ¡Nada!", señaló.

En ese sentido, consideró que ante el "ataque" contra un alto funcionario del Estado venezolano, este tiene el "legítimo derecho" de responder por cualquier vía y por eso se publicó la carta en el diario The New York Times el pasado 22 de febrero, en la que rechazó que tenga activos en el país norteamericano.

Una carta que, afirmó, ha "estremecido" a la sociedad estadounidense porque "se dan cuenta que están utilizando sus instituciones para atropellar a otros pueblos".