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La aplicación de la “tasa Zucman”, un impuesto a las grandes fortunas, en siete países de América Latina permitiría recaudar 24.000 millones de dólares anuales, gravando solamente a cerca de 3.000 personas, revela un estudio publicado este martes.
El informe sobre una tributación mínima para individuos de alto patrimonio en América Latina propone una forma de gravar la riqueza extrema, pero también enfrenta resistencias en la segunda región más desigual del mundo.
“La desigualdad en América Latina no se va a corregir sola: necesitamos un impuesto mínimo a las grandes fortunas”, declaró a la AFP Vicente Silva, autor del estudio, que analiza el sistema tributario en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
El estudio propone implementar un impuesto del 2% a las fortunas superiores a 100 millones de dólares, lo que permitiría recaudar los 24.000 millones de dólares anuales en estos siete países.
“No es un tema de color político”, afirmó Silva, asesor sénior del Observatorio Fiscal Internacional, al señalar que en la región todos los gobiernos enfrentan la necesidad de satisfacer demandas sociales en un contexto de presión fiscal y aumento del costo de la vida.
El abogado experto en desigualdad destacó que, durante la investigación, observaron que “el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre”.
Esta tasa afectaría solo a cerca de 3.000 personas de un universo de 500 millones de habitantes en los países analizados.
Una hipótesis más ambiciosa plantea que, al aplicar una tasa del 3%, la recaudación ascendería a 36.000 millones de dólares.
“Nuestra propuesta permitiría corregir la regresividad en la cima, asegurando que los superricos contribuyan de acuerdo con su capacidad económica”, explicó Silva.
El experto señala que los superricos, en países como Brasil y Chile, pagan tasas efectivas casi la mitad del promedio de la población, mientras que la riqueza de las grandes fortunas se ha multiplicado por seis en los últimos 25 años.
Brasil defendió este tipo de impuesto en 2024, cuando ejerció la presidencia del G20, y encargó un informe al economista francés Gabriel Zucman, uno de los principales impulsores de esta propuesta.
La idea presentada al G20 fue crear un impuesto del 2% sobre fortunas superiores a 1.000 millones de dólares a nivel global, con un potencial de recaudación de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales.
Pese a las resistencias, en la cumbre celebrada en Río de Janeiro, el grupo se comprometió a trabajar de forma cooperativa para garantizar que los individuos con patrimonios ultraaltos sean efectivamente gravados.
“En una región con tanta desigualdad, gravar a las mayores fortunas implica asegurar que los superricos paguen al menos lo mismo que el resto de la población”, dijo Zucman, director del Observatorio Fiscal Internacional.
Según el estudio, las grandes fortunas registran retornos anuales cercanos al 8%, por lo que un impuesto del 2% tendría un impacto limitado en sus ingresos.
Silva considera que existe capacidad técnica para implementar este tipo de impuesto, pero falta voluntad política frente a la polarización y a la oposición de sectores con mayor poder económico.
“No es fácil oponerse a narrativas que están instaladas”, señaló, al referirse a la idea de que bajar impuestos a los más ricos impulsa el crecimiento económico.
Sin embargo, citó un estudio de la London School of Economics que concluye que no hay evidencia en los últimos 50 años de que los recortes fiscales a las rentas más altas generen mayor actividad económica.
Silva también descartó un posible éxodo fiscal masivo:
“La gente no se va a ir: tiene sus redes, negocios y posición económica en el país”, afirmó.
Además, explicó que la propuesta contempla mecanismos antisalida para evitar que contribuyentes trasladen su residencia fiscal.
“La competencia fiscal es una decisión política y tenemos herramientas para enfrentarla”, concluyó.