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Esta aprobación se dio tras cuatro días de debate en sesión permanente y acaloradas discusiones entre la bancada oficialista y de oposición.
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Ávila detalló que para los delitos de tráfico de influencia (agravado) y abuso de autoridad, no habrá prescripción, tal cual se había establecido en el proyecto original.
"La medida no va a ir directamente a las empresas, sino que va abarcar a los accionistas de empresas para que no puedan mutar a otra y seguir contratando con el Estado. Hay gran avance. Hoy debe entrar el proyecto a tercer debate", señaló.
Para el diputado del PRD, no porque una persona haya hecho acuerdo, quiere decir que es inocente y puede seguir contratando con el Estado panameño.
Señaló que para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor, por lo que se incluyeron artículos para impedir que empresas sancionadas nacional e internacionalmente por actos de corrupción, puedan participar de licitación o de la vida pública del Estado panameño, inclusive a personas o empresas que hayan hecho acuerdos de delación premiada, pues el hecho que se haya hecho tal acuerdo, no quiere decir que no haya cometido un acto de corrupción.
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Resaltó que hay que perseguir a la fuente de los actos de corrupción; no es el servidor público, sino la empresa que promueve los sobornos a los funcionarios, por lo que habría que sancionar a ambos; consideró que el debate se debe hacer en justicia para que los dos involucrados sufran las consecuencias de una legislación.
Designación de magistrados de la Corte
Sobre la designación de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Ávila detalló que el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados está dispuesto a escuchar las propuestas del Presidente de la República.
“Ojalá el Presidente dé propuestas que llenen los requisitos del Pacto por la Justicia, esperamos que nominen a personas con experiencia. Ningún órgano del Estado debe imponerse a otro, sino trabajar en armonía”, puntualizó.
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Auditoría a la Planilla 080
Ávila indicó que debe continuar la auditoría a la planilla 080 de la Asamblea Nacional, la que está destinada para el nombramiento del personal de confianza de los diputados.