Los ciudadanos rechazan la devastación del bosque y las afectaciones a la fauna del lugar.

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El rechazo surgió con los primeros movimientos de tierra y la tala de los primeros árboles.

Las protestas no se hicieron esperar, al igual que las acciones legales en las diferentes instancias.

La vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, explicó que el Municipio de Panamá interpuso un recurso de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en función de que el contrato de la obra obliga a que sea un estudio de impacto ambiental categoría 3.

Sin embargo, se presentó y se aceptó por parte del Ministerio de Ambiente, un estudio de categoría 2.

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Banfield asegura que el proyecto ni siquiera tiene un diseño final y sobre la marcha están haciendo adecuaciones que afectan el valor natural del área.

El abogado Víctor Martínez también resalta que el proyecto se tenía que realizar bajo un estudio de categoría 3, con lo que se exigía una consulta ciudadana, pero aparentemente por esquivarlo, lo ubicaron como categoría 2.

Agrega que en la actualidad lo más grave es que el proyecto que se ejecuta, no tiene el permiso del Municipio de Panamá, por lo que reiteró el llamado a las autoridades de la comuna para que detengan el avance de la ampliación.

Otras irregularidades que pesan sobre el proyecto tienen que ver con los permisos municipales.

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Mientras los recursos siguen su trámite en cada una de las instancias en que se presentaron, el proyecto continúa y los residentes siguen levantando su voz de protesta hasta que alguien los escuche.