Comisión de Gobierno rechaza polémico proyecto de ley de amnistía
El proyecto buscaba amnistía para los condenados y procesados en tres casos de corrupción: Blue Apple , New Business y el caso Odebrecht.
Ciudad de Panamá/Con solo dos votos a favor, el de los diputados Luis Eduardo Camacho y Ariel Vallarino del partido Realizando Metas (RM) y cinco en contra (Roberto Zúñiga, José Pérez Barboni, Manuel Cheng, Crispiano Adames y la suplente de Francisco Brea), la Comisión de Gobierno de Justicia de la Asamblea Nacional rechazó el proyecto de ley 235, que proponía una amnistía política para procesados y condenados en los casos Blue Apple , New Business y Odebrecht.
No obstante, los diputados Ariel Vallarino y Luis Eduardo Camacho elaboraron un informe de minoría que sería pasado al pleno con la intención de poder "revivir" el proyecto.
La Comisión retomó la discusión con una sala copada de simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli, organizaciones civiles, diputados, así como con una propuesta de modificación por parte del diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión, y del vicepresidente de esa instancia, el diputado Ariel Vallarino, para eliminar los artículos 4 y 6 del proyecto de ley 235.
El debate y la sesión permanente
Pasadas las 12:30 del mediodía, la Comisión se declaró en sesión permanente para aprobar o rechazar, en primer debate, la iniciativa impulsada por el perredista Jairo 'Bolota' Salazar.
José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino, señaló que el proyecto busca confundir delitos políticos con delitos comunes. Además, advirtió que los vacíos legales con los que fue estructurado el proyecto ya fueron aclarados, en su momento, por la Corte Suprema de Justicia. De aprobarse, dijo, se estaría utilizando la figura de la amnistía “de forma incorrecta”.
“Este diputado no puede darle la aprobación a un proyecto de ley que no cumple con los requisitos mínimos constitucionales (…) esto es pasar por encima del Órgano Judicial (…)”, acotó.
Por su parte, el diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, sostuvo que el proyecto busca legalizar la impunidad en el país, algo con lo que —aseguró— siempre estará en desacuerdo. Coincidió con Barboni al señalar:
“No podemos confundir a la población ni a la normativa, cambiando un delito político por un delito común”.
Recordó que las amnistías otorgadas en el país están claras y detalladas en fallos de la Corte Suprema de Justicia. Precisó que un delito político es aquel que atenta contra la personalidad jurídica del Estado, mientras que un delito común es un acto ilícito tipificado en el Código Penal.
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Zúñiga cuestionó que se le haya dado prioridad a este proyecto, por encima de otros que exige la ciudadanía. En un Estado de derecho —dijo— el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza”, pues envía un mensaje negativo a quienes desean invertir en el país, al evidenciar que las leyes pueden cambiarse para favorecer a algunos.
En su intervención, el diputado Camacho respondió que no aceptará que sus colegas lo acusen de promover impunidad y corrupción, haciendo alarde de sus 50 años de carrera política.
“Este es un proyecto que combate la corrupción, porque corrupción es quien utiliza el Órgano Judicial y el Ministerio Público para torcer la ley y perseguir políticamente a quienes adversan o enfrentan intereses políticos y económicos. Estamos en contra de la corrupción”, afirmó.
Camacho preguntó a sus colegas Zúñiga y Barboni qué ley define los delitos políticos en Panamá. Barboni le respondió que existe jurisprudencia constitucional y que está delimitado en el Código Penal. No conforme, Camacho insistió en que se le cite una norma legal o constitucional específica.
Zúñiga intervino: “Además de lo mencionado por el diputado Barboni, existen también convenios internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tiene rango constitucional. Aquí no estamos para entrar en el juego de dimes y diretes, queremos un debate de altura (...)”.
Camacho insistió en que “no le han podido citar una ley, ni en el Código ni en la Constitución” y siguió con su intervención.
El diputado de Vamos, Manuel Cheng, preguntó cómo es que el proyecto también favorece al expresidente Juan Carlos Varela, quien está imputado en el caso Odebrecht, cuando su colega Camacho dijo que fue el Ministerio Público de esa administración quien persiguió.
La pregunta fue respondida por el diputado Camacho, ya que el proponente de la iniciativa el perredista Jairo 'Bolota' Salazar no se encuentra en la sala. "No soy el proponente , pero puedo responder (...) no me importa, ni me interesa si Juan Carlos Varela se beneficia".
El proyecto
El proyecto intenta exonerar a los condenados por blanqueo de capitales en los casos Blue Apple y New Business, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, así como eximir de toda responsabilidad penal a los imputados por el caso Odebrecht, quienes ni siquiera han sido enjuiciados. Incluso, eximir al expresidente Juan Carlos Varela que es imputado en el caso de Odebrecht.
Por ejemplo, en su artículo 1 señala que: “se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas, dentro de los casos identificados como New Business, por la compra del grupo Editorial Panamá América, S.A. (Epasa); el denominado caso Odebrecht; y a las personas procesadas o sentenciadas en el caso Blue Apple”.