¿Amnistía o impunidad?: Propuesta de ley levanta fuertes críticas por favorecer a 'corruptos'

Panamá/Como una propuesta a la medida, descabellada, destructiva y que daña el sistema de justicia ha sido catalogada la iniciativa que propone “amnistía por delitos políticos y dicta otras disposiciones relacionadas con la amnistía”.

La propuesta, que llegó a la Asamblea ayer de manos del diputado perredista Jairo "Bolota" Salazar, intenta exonerar a los condenados por blanqueo de capitales en los casos Blue Apple y New Business, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli, así como eximir de toda responsabilidad penal a los imputados por el caso Odebrecht, quienes ni siquiera han sido enjuiciados.

La exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, dijo a TVN-2.com, que esta iniciativa es una "descabellada propuesta que le abre una enorme puerta a la impunidad, que representa un duro golpe a la eficacia de la justicia, a la posibilidad de que exista certeza del castigo y nos lleva casi al punto de no retorno en materia de descomposición institucional".

En palabras del analista político José Stoute, con esa propuesta se "dinamitaría el sistema de justicia de Panamá y se violentaría la Constitución Nacional". "Lo cierto es que terminaría en manos de la Corte Suprema de Justicia, puesto que sería demandada por inconstitucionalidad", planteó a TVN-2.com.

Ante esta propuesta, Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, escribió en su cuenta de X: “¡Impunidad destructiva para el país!”.

Mientras que el exdiputado Juan Diego Vásquez, tras conocer la presentación de la iniciativa, señaló en redes sociales que “esto es simple y sencillamente un proyecto hecho a la medida para un corrupto. Increíble que tantos diputados se presten para tal discusión que es claramente inconstitucional (...)”.

Esta sería la segunda vez que, en la Asamblea, se presenta una propuesta que intenta, a través de una ley, liberar al expresidente Martinelli, condenado a una pena de 128 meses de prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, en 2010, cuando era gobernante, caso New Business.

El anteproyecto debe ir a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, quien analizará la iniciativa en primera instancia. En la actualidad, esta Comisión la dirige el diputado Luis Eduardo Camacho, quien también ha pedido libertad para el exmandatario. Precisamente hoy, la Comisión citó a sus miembros a una reunión a las 2:00 p.m.

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¿Qué dice la propuesta?

La iniciativa, de seis artículos y que cuenta, según el diputado Salazar, con el apoyo de 41 diputados de varias bancadas —incluyendo sus copartidarios del PRD, así como miembros de Realizando Metas, Cambio Democrático y el Panameñismo— señala en su artículo 1 que: “se concede amnistía general a favor de las personas sentenciadas o que estén procesadas, o resulten procesadas, dentro de los casos identificados como New Business, por la compra del grupo Editorial Panamá América, S.A. (Epasa); el denominado caso Odebrecht; y a las personas procesadas o sentenciadas en el caso Blue Apple”.

Cabe recordar que en el caso Odebrecht, también está imputado el expresidente Juan Carlos Varela.

Otro artículo indica que todo funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio Público —sea magistrado, juez o fiscal— que tenga conocimiento o competencia sobre alguno de estos tres casos deberá ordenar la libertad inmediata de aquellos que se encuentren cumpliendo condena de prisión o bajo detención preventiva. Asimismo, deberá declarar la extinción de las penas principales y accesorias, y ordenar el archivo del caso.

La amnistía se entenderá como una gracia o “perdón penal” decretado por la Asamblea Nacional. Con la declaratoria de amnistía se extinguiría la pena principal y las accesorias.

Se establece que el “delito político” —según el anteproyecto— se define como toda “acción” del Ministerio Público en contra de algún miembro del gabinete de Martinelli, quien gobernó del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, aunque el anteproyecto de Salazar menciona las investigaciones iniciadas “dentro del periodo constitucional de julio de 2010 hasta junio de 2015”.

El beneficio se extiende a toda persona que haya trabajado en la administración del expresidente: “Los miembros dentro de la administración política constitucional de julio del año 2010 hasta junio de 2015, que fueron investigados, procesados y sancionados o cuyos procesos aún están pendientes, a quienes, en violación de convenios internacionales ratificados por el Estado panameño, los fiscales del Ministerio Público o jueces del Órgano Judicial no les garantizaron o les impidieron el derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo, como se hizo en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple”.

Añade que “los procesos iniciados, seguidos, en trámite o vigentes contra personas que, en virtud de convenios internacionales, convenciones, tratados u otros instrumentos internacionales, han sido consideradas como perseguidas políticas por otro Estado u organismo internacional”, también quedarían cubiertos.

Se establece, además, la adición del artículo 207-A a la Ley 49 de 1994, así: “Cuando el Presidente de la República no sancione una ley dentro del término constitucional para ello, sin que haya presentado ninguna objeción, la misma será sancionada y promulgada por el Presidente de la Asamblea Nacional con la firma del Secretario General en la Gaceta Oficial o en la página web de la Asamblea Nacional. Si en la Gaceta la misma no se ha publicado dentro de los tres días siguientes a su recibo, para tales efectos el Secretario General certificará la ausencia de sanción por el Órgano Ejecutivo o de publicación”.