Defensoría mediará para que comerciantes de la vereda Afroantillana sean escuchados
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará acompañando el proceso y participará en los próximos días en una nueva reunión, pero con las autoridades correspondientes.
Ciudad de Panamá/La incertidumbre que viven comerciantes de la vereda Afroantillana, en el corregimiento de Río Abajo, ante un posible desalojo por el proyecto de ampliación de Vía España abrió un espacio de diálogo con la Defensoría del Pueblo, que busca servir de puente para que sus inquietudes sean escuchadas por las autoridades.
El proyecto contempla extender la vía 20 metros a cada lado e intervenir entre 5.4 y 6 kilómetros, una obra que ha generado inquietud entre quienes desarrollan sus actividades comerciales en el área de la servidumbre pública.
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Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo acudió a través de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos y el Plan de Acompañamiento Ciudadano para escuchar los planteamientos de los comerciantes y acompañar gestiones en defensa de sus derechos.
Julio De Gracia, encargado de la dirección en mención explicó que la institución sostuvo acercamientos con algunos propietarios de locales con el objetivo de canalizar sus preocupaciones. “Han solicitado que, por conducto de la Defensoría del Pueblo, se hagan algunas comunicaciones en aras de tender puentes para que ellos puedan escuchar y se les pueda explicar el alcance del proyecto que se realizará en esta área”, expresó.
Durante el encuentro, comerciantes expusieron los posibles efectos que tendría un desalojo en la zona. José Gabriel Dimas, conocido como “Chef Gaby” y propietario de uno de los locales, manifestó su inquietud por el impacto social que podría provocar la medida.
Advirtió que cerca de 800 personas dependen de la actividad comercial en el área y podrían verse afectadas si se concreta el desalojo. Aunque reconocen la importancia de la modernización urbana, pidió que se abra un diálogo que permita evaluar alternativas.
Por su parte, Magda Wallace, del local “Donde Fanzo”, señaló que una eventual medida de desalojo prevista para el 30 de marzo tendría consecuencias para personas mayores y familias que dependen de estos negocios.
La Defensoría del Pueblo anunció que continuará acompañando el proceso y participará en los próximos días en una nueva reunión, pero con las autoridades correspondientes, con el propósito de dar seguimiento a las inquietudes planteadas por los comerciantes y facilitar espacios de entendimiento sobre el alcance del proyecto.