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Ley de Sustancia Económica podría impulsar empleo, inversión y la salida de Panamá de listas discriminatorias
La normativa exigirá que las multinacionales cuenten con personal propio o contraten servicios en Panamá para funciones administrativas, contables, legales y corporativas. Esto podría traducirse en nuevas oportunidades laborales para profesionales de distintas áreas.
Experto asegura que Ley de Sustancia Económica obligará a multinacionales a demostrar operaciones reales
La recién aprobada Ley 526 de Sustancia Económica comenzará a aplicarse a partir de enero de 2027 y representa uno de los cambios más relevantes en materia de transparencia fiscal internacional para Panamá en los últimos años.
Así lo explicó el experto tributario internacional Luis Ocando, quien destacó que la normativa surge como respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea (UE) para los países que mantienen sistemas de renta territorial, como Panamá.
Según explicó, la ley refuerza el modelo de renta territorial panameño, pero establece nuevas exigencias para grupos multinacionales que generan rentas pasivas provenientes del extranjero.
¿Qué quiere decir eso? Que ya no puede haber una compañía solamente sin empleados, sin oficinas, sin nada; tiene que tener gestión en Panamá, entonces eso es importante porque eso hace que se refuerce más la transparencia fiscal internacional", explicó Ocando.
Esto implica que las compañías ya no podrán limitarse a existir únicamente en documentos, sino que deberán demostrar operaciones reales en territorio panameño mediante oficinas, personal o servicios contratados localmente.
Actualmente no existe una cifra exacta sobre cuántas multinacionales mantienen estructuras corporativas en Panamá sin presencia física, debido a que muchas de estas sociedades no estaban obligadas a presentar declaraciones relacionadas con ingresos generados fuera del país.
Con la nueva ley, los grupos multinacionales que sean residentes fiscales en dos o más jurisdicciones y que deban consolidar estados financieros tendrán que presentar una declaración de sustancia económica ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este requisito permitirá conocer con mayor precisión el universo de empresas sujetas a la normativa.
Posible impacto en la revisión de la Unión Europea
Ocando indicó que la aprobación de esta ley podría influir favorablemente en la próxima evaluación que realizará la UE en octubre de 2026.
Ya Panamá, al tener esta ley, Panamá puede pasar al anexo de la lista y en el anexo ya no se harían medidas discriminatorias contra Panamá por parte de los países de la Unión Europea", indicó.
La permanencia de Panamá en listas de jurisdicciones observadas ha generado obstáculos para atraer negocios internacionales, debido a que algunas empresas prefieren evitar operaciones en países sujetos a este tipo de señalamientos.
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Generación de empleo
El especialista sostuvo que uno de los principales beneficios de la ley sería el aumento de la actividad económica local.
La normativa exigirá que las multinacionales cuenten con personal propio o contraten servicios en Panamá para funciones administrativas, contables, legales y corporativas. Esto podría traducirse en nuevas oportunidades laborales para profesionales de distintas áreas.
Además, estimó que la demanda de espacios físicos también podría aumentar, impulsando sectores como el alquiler y la compra de oficinas.
Contrario a algunas preocupaciones expresadas durante el debate legislativo, Ocando considera que la experiencia internacional muestra que este tipo de regulaciones no suele provocar la salida de empresas.
Otro de los sectores que podría verse favorecido es el bancario.
El experto explicó que las multinacionales que establezcan personal y operaciones en Panamá necesitarán cuentas bancarias locales para gestionar pagos de planilla y otras actividades, lo que generaría mayor movimiento dentro del sistema bancario nacional.
La ley no busca recaudar más impuestos
Ocando aclaró que la nueva legislación no tiene como objetivo aumentar la recaudación fiscal ni modificar el sistema de renta territorial vigente.
La normativa contempla una tasa del 15% únicamente para aquellas empresas que no cumplan con los requisitos de sustancia económica.
"El que no tenga sustancia, va a tener un impuesto del 15%. El que tenga sustancia, todo va a seguir siendo exactamente igual, como ha sido hasta ahora", precisó.
La aplicación de la ley comenzará a partir de enero de 2027 para las empresas cuyo período fiscal coincida con el año calendario.
En el caso de compañías con ejercicios fiscales distintos, la entrada en vigencia dependerá de la fecha de inicio de su respectivo período contable.
Ocando también destacó que la aprobación de la norma fue resultado de un amplio proceso de consulta entre gremios, especialistas y sectores involucrados.
Indicó que diversas organizaciones participaron en la discusión y lograron introducir mejoras al articulado original presentado el año pasado, lo que permitió alcanzar consensos y fortalecer el texto final aprobado por la Asamblea Nacional.
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