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Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional declaró sesión permanente para continuar la discusión del proyecto de ley sobre sustancia económica, una iniciativa que busca exigir que empresas multinacionales y sociedades con rentas pasivas provenientes del extranjero mantengan presencia física y operaciones reales en Panamá.
La propuesta, debatida en sesiones extraordinarias, contempla que las compañías tengan oficinas, personal y gastos operacionales dentro del país como parte de las nuevas exigencias regulatorias.
Durante la jornada participaron representantes de distintos gremios económicos, empresariales y legales, algunos respaldando el proyecto y otros solicitando ajustes antes de que pase a primer debate.
Por ejemplo, Tony Roldán, representante de la Cámara de Empresas Multinacionales (Casem), advirtió que la discusión está siendo observada por inversionistas y actores económicos internacionales.
“La decisión que adopte esta Asamblea Nacional está siendo observada atentamente por inversionistas internacionales, empresas multinacionales, instituciones financieras y actores económicos globales”, expresó.
Roldán señaló que Panamá debe aprovechar el debate para fortalecer su imagen internacional y generar confianza en materia económica. “Queremos firmemente que Panamá debe aprovechar esta oportunidad para proyectar confianza, estabilidad y visión estratégica”, afirmó.
La Cámara de Empresas Multinacionales indicó que actualmente existen unas 190 empresas multinacionales registradas en el país, las cuales generan alrededor de 12 mil empleos directos y 25 mil indirectos, además de aportes superiores a los 1,450 millones de dólares y más del 70% de costos operativos dentro de Panamá.
Según explicó Roldán, el gremio respalda el avance del proyecto, aunque ha presentado observaciones puntuales durante la discusión. “Hemos procurado participar en este proceso de manera constructiva y responsable”, sostuvo.
Por otro lado, representantes del sector legal manifestaron preocupaciones sobre algunos aspectos del proyecto, especialmente relacionados con las sanciones por incumplimiento. Ramón Anzola, de la Asociación de Abogados Internacionales, cuestionó que las multas contempladas en la iniciativa no diferencien entre faltas leves y graves.
Según explicó, el proyecto establece actualmente sanciones equivalentes al 15% incluso en casos donde el incumplimiento pueda deberse a aspectos mínimos, como la falta de un trabajador adicional o un menor nivel de gastos operativos.
Además, sectores vinculados al negocio marítimo expresaron preocupación por el posible impacto que las nuevas regulaciones podrían tener sobre la competitividad del país.
Representantes de la Asociación Panameña de Derechos Marítimos señalaron que algunos armadores podrían optar por trasladar sus operaciones hacia jurisdicciones con menores exigencias regulatorias, como Islas Marshall.
La Comisión de Economía prevé continuar escuchando a los oradores hasta el jueves, para posteriormente iniciar la discusión formal del proyecto en primer debate. Aunque el ministro de Economía y Finanzas no estuvo presente durante la sesión, sí participaron representantes de esa entidad.
Con información de Elizabeth González.