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Fuga en La Joyita: Exdefensor del Pueblo advierte que refleja una crisis de más de 25 años y recomienda reformas
El Sistema Penitenciario panameño alberga actualmente 24,456 privados de libertad, de los cuales 23,293 son hombres y 963 mujeres.
Exdefensor del Pueblo recomienda reformas profundas al Sistema Penitenciario tras fuga de casi 200 reclusos de La Joyita
La fuga de casi 200 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita puso nuevamente bajo la lupa la situación del sistema penitenciario panameño.
Para el exdefensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, lo ocurrido evidencia una crisis estructural que se ha prolongado durante décadas y que requiere medidas integrales que vayan más allá de una administración gubernamental.
Leblanc señaló que el problema penitenciario tiene más de 25 años y destacó que el sistema enfrenta una sobrepoblación de 167%, además de altos niveles de reincidencia, que alcanzan cerca del 60% de la población privada de libertad.
A su juicio, uno de los principales retos es fortalecer la inteligencia penitenciaria y garantizar que el Estado mantenga el control efectivo de los pabellones dentro de los centros penales.
"Si el pabellón no lo controla el Estado, lo controla otro. Si no hay una clasificación por parte del Estado, otro clasifica, y quien permite que entre o no al pabellón", advirtió.
El exdefensor indicó que actualmente existe personal de custodia en los centros penitenciarios, pero advirtió que las estructuras criminales han ganado espacio dentro de los pabellones.
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"Nuestros sistemas están colapsados y dominados por las bandas que controlan las bandas en cada pabellón", detalló.
Según explicó, uno de los problemas de fondo es la ausencia de una clasificación científica de los privados de libertad, situación que considera especialmente preocupante debido a que la fuga ocurrió precisamente mientras se realizaban procesos de clasificación dentro del penal por parte del Ministerio de Gobierno.
Leblanc insistió en que la solución requiere una estrategia sostenida y basada en inteligencia penitenciaria, a largo plazo, no por cada entrada y salida de un gobierno.
Aunque reconoció los esfuerzos de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, consideró que la magnitud de la crisis requiere la participación de múltiples instituciones estatales.
Durante sus declaraciones, también destacó que la realidad que se vive dentro de las cárceles termina reflejándose en las comunidades y barrios del país.
Asimismo, expresó preocupación por la muerte de tres privados de libertad registrada durante los hechos ocurridos en La Joyita, señalando que todavía no está claro si fueron asesinados por otros reclusos o bajo qué circunstancias se produjeron los fallecimientos.
Por ello, pidió una investigación profunda que abarque tanto al sistema penitenciario como a los mecanismos de seguridad encargados de los controles de ingreso, considerando que frecuentemente se detectan drogas y artículos prohibidos dentro de las cárceles pese a la existencia de anillos de seguridad.
El Sistema Penitenciario panameño alberga actualmente 24,456 privados de libertad, de los cuales 23,293 son hombres y 963 mujeres.
En cuanto a la capacidad de los principales centros penitenciarios, La Joya mantiene una población de 4,894 personas privadas de libertad, pese a que fue diseñada para 1,568, lo que representa una sobrepoblación de 3,326 internos.
Por su parte, La Joyita, donde ocurrió la fuga, registra 4,810 privados de libertad para una capacidad de 2,837, con una sobrepoblación de 1,973 personas.
Mientras tanto, La Nueva Joya alberga 5,613 privados de libertad, con una capacidad instalada de 5,504 y una sobrepoblación de 109 internos.
Leblanc también cuestionó la forma en que operan los centros penitenciarios y denunció la existencia de economías informales dentro de las cárceles.
"La corrupción en el sistema está desde la venta o alquiler de suéteres, de lo que ocurre en los controles, dentro de los pabellones, de quién vende o presta plata, quién alquila el teléfono, quién tiene el negocio de estafar personas", remarcó.
A juicio del exdefensor, la crisis penitenciaria no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de seguridad, sino que requiere la participación de otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social.
Consideró que la falta de oportunidades laborales y los deficientes procesos de resocialización contribuyen a que muchas personas reincidan y regresen a las cárceles, manteniendo una sobrepoblación constante.
También lamentó que gran parte de la población privada de libertad esté integrada por jóvenes vinculados a delitos como homicidios por encargo, narcotráfico y microtráfico. En el caso de las mujeres privadas de libertad, indicó que aproximadamente el 75% cumple condenas relacionadas con delitos de narcotráfico.
Para enfrentar esta situación, afirmó que es necesario fortalecer las políticas educativas y de prevención.
"No tienen que dejarle esto nada más a la ministra Montalvo", señaló.
Entre las soluciones planteadas, propuso avanzar hacia un modelo penitenciario donde la administración de los centros esté a cargo de custodios especializados, mientras que la Policía Nacional se concentre en la seguridad perimetral.
Además, recomendó fortalecer las escuelas de formación de custodios, implementar verificaciones periódicas, pruebas de dopaje, controles de confianza y rotaciones de personal para reducir riesgos de corrupción y vínculos indebidos con los privados de libertad.
"Tenemos que trabajar en un sistema bien pensado y científico. Esto no es tirar plata a la basura", subrayó.
Sostuvo que una política penitenciaria integral tendría efectos positivos tanto dentro de las cárceles como en las comunidades afectadas por la delincuencia, porque se lograría "enfriar las calles, los barrios y no seguir llenando más las cárceles".
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