Abogado de Guardia espera respuesta ante solicitud de cambio de medida cautelar

Víctor Orobio.
Víctor Orobio, abogado de Rafael Guardoa Jaén. / TVN
Yannisse Vergara
06 de julio 2015 - 19:56

Víctor Orobio, abogado del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, acudió la tarde de este lunes, 6 de julio, a la sede del edificio Avesa para verificar el estado de los procesos que se siguen contra su cliente.

Orobio, informó a TVN Noticias, que se encuentra a la espera de las decisiones de los fiscales, quienes analizan la situación jurídica del exfuncionario, tomando en cuenta las disposiciones adoptadas y el aporte brindado en las investigaciones.

El abogado indicó que “el Ministerio Público debe enviar un excelente mensaje a todos los imputados que están siendo procesados por causas complejas, de ellos recae una gran responsabilidad en la ampliación de las investigaciones, de llegar hasta conocimientos profundos y explicar los hechos”.

Orobio espera desde el 19 de marzo de 2015, que los fiscales puedan tomar en consideración el aporte que ha hecho su representado como lo establece la ley, e impongan una medida distinta a la detención preventiva.

“Esto no es un invento de la defensa, ni de los fiscales, así lo establece la ley y los abogados lo que queremos es que se aplique la justicia, porque al fin y al cabo cuando hay controversia entre los juristas y fiscales debe prevalecer la justicia, esto se llama equidad” enfatizó.

El Código Judicial que rige los procedimientos civiles, penales y guarda de la Constitución Panameña, contempla la detención preventiva como medida cautelar personal aplicable.

Se prevé el reemplazo de las penas cortas privativas de libertad, no mayores de 3 años, cuando se tratare de delincuente primario. (Artículo 2395 del Código Judicial).

Guardia Jaén actualmente se encuentra bajo detención preventiva en el centro penitenciario El Renacer desde el pasado 3 de marzo.

El exdirector del PAN (agosto 2012-junio 2014) es investigado por supuestos delitos contra la administración pública por su vinculación en la aprobación de contratos con sobrecostos durante su administración en el PAN.

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