$29 millones posible lesión patrimonial en caso Cobranzas del Istmo al Estado

Una auditoría de la Contraloría General determinó que por el contrato de Cobranzas del Istmo hubo perjuicio al estado de 29 millones de dólares. A esta suma se le restan los 20 millones de dólares que Cristóbal Salerno devolvió al estado. Además, indica que en el proceso de contratación de Cobranzas del Istmo no se cumplió la Ley de Contrataciones Públicas.

La Fiscalía General de Cuentas informó este miércoles, 16 de septiembre, a través de nota de prensa, que inició una investigación patrimonial a la adjudicación y ejecución del Contrato N° 100, de 25 de agosto de 2010, realizado entre la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. y la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).Este informe de auditoría N° 081-016-15 DINAG-DESAAG, fue remitido por la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de Cuentas.

Dicha auditoría determinó que los pagos en concepto de comisión efectuados a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), no se ajustaron a los porcentajes establecidos en la cláusula octava del Contrato N° 100 de 25 de agosto de 2010.

El reporte tiene como objetivo que la Fiscalía de Cuentas instruya una investigación para determinar una probable lesión al patrimonio del Estado. Cabe señalar que la Fiscalía General de Cuentas inició la investigación patrimonial a este contrato celebrado en el año 2010.

El informe, detalla además que se pagaron comisiones por cobro de morosidad no gestionada por dicha sociedad y por duplicidad en la cancelación de comisiones, así como el pago del valor correspondiente al 50% de retención del ITBMS, situación que ocasionó un probable perjuicio económico al Estado de B/.29,561,501.67.

Igualmente, se advierte que el señor Cristóbal Humberto Salerno reintegró la suma de $20,699,982.98 mediante transferencia a la cuenta única del Tesoro Nacional, por lo que la afectación económica se tasó en $8,861,518.69.

Los auditores de la Contraloría General de la República determinaron que en el proceso de contratación directa de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., como gestor de cobro para la recuperación de la cartera morosa y no pagada, que excediera los 12 meses de haberse causado, hubo incumplimiento de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula las Contrataciones Públicas y del Decreto Ejecutivo N° 366 de 28 de diciembre de 2006, por el cual se reglamenta dicha Ley y además se incumplió con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 22 de 17 de marzo de 2010 por el cual se reglamentó el acto administrativo de contratación de gestores de cobro en los casos de morosidad.