'A Martinelli no se le violaron sus derechos': CSJ

El expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli no ha sufrido una violación de sus derechos fundamentales en el proceso penal que se le sigue por los pinchazos telefónicos que se dieron durante su gobierno.

Así lo manifestó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo del 17 de diciembre pasado que no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por Martinelli.

El recurso, interpuesto por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Martinelli, pedía se anulara la audiencia del 11 de diciembre en la que el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, declaró al exmandatario en rebeldía por no asistir al acto.

En esa audiencia se debía sustentar la acusación hecha por el magistrado fiscal Harry Díaz que pidió juicio para Martinelli por los pinchazos telefónicos y se le aplicara una condena de 21 años por delitos de interceptación de comunicaciones, seguimiento y persecusión, peculado y peculado de uso.

Carrillo argumentó que el juez de garantías Mejía incurrió en violaciones a la Constitución porque dio apertura al acto de audiencia y no resolvió un incidente de objeciones que había presentado previamente.

"No se le niega o imposibilita debatir sobre las incidencias a que se refiere, sino que se ha indicado que para tales efectos se requiere de la presencia del señor Martinelli en el acto de audiencia", indicó el fallo cuya ponente fue la entonces magistrada Nelly Cedeño.

De acuerdo con el fallo, al no estar presente Martinelli, Mejía, no pudo realizar la audiencia y por ende, tampoco se pronunció sobre las incidencias propuestas.

Este caso fue admitido por la CSJ el pasado 8 de junio. La investigación inició formalmente el 13 de agosto y fue concluida por el fiscal Díaz el 8 de octubre, fecha en la que pidió juicio a Martinelli.

El proceso penal está estancado pendiente que el magistrado Mejía tramite la orden de detención a Martinelli, que autorizó el pleno de la CSJ desde el 21 de diciembre.

Mejía comunicó a los querellantes el 25 de enero de este año, que estaba traduciendo los documentos al idioma inglés para cumplir con la detención de Martinelli que actualmente vive en Miami, Estados Unidos.

Los pinchazos telefónicos afectaron a más de 150 personas, entre políticos, dirigentes sindicales, periodistas, magistrados y funcionarios públicos.

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