Dietilenglicol: Enrique Lau Cortés podría incurrir en desacato si no entrega expedientes clínicos a Sala Tercera

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene un retraso de al menos cinco meses en la entrega de los expedientes de los afectados y fallecidos por el envenenamiento masivo por la ingesta del jarabe con dietilenglicol, que reclaman una indemnización al Estado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Esta situación ha impulsado a la magistrada ponente María Chen Stanziola a emitir una serie de resoluciones dentro de los 487 procesos de indemnización en las que se insta al director general de la CSS, Enrique Lau Cortés, a la entrega de los expedientes clínicos del Centro Especial de Toxicología.

“Se advierte a dicho funcionario que, de no remitir la información dentro del término indicado, se entenderá que se está incumpliendo con sus deberes y, por tanto, incurriendo desacato, lo que dará lugar a la aplicación de sanción respectiva”. Lo anterior se detalla en el edicto del N°2030 del 5 de julio de 2024, donde la magistrada requiere la documentación en un término de cinco días, en conformidad con normas del Código Judicial.

Víctor Orobio, abogado que representa a un grupo de afectados y familiares de los fallecidos por dietilenglicol, señaló que esta situación se encuentra en todos los casos. 

“Justamente la Corte -a través- de la Sala Tercera tiene adelantados casi 50 procesos pendientes para dictar sentencia y no ha podido dictarlas porque la Caja de Seguro Social no ha cumplido con la orden del tribunal de enviar esa información y, ahora, lo están instando a que lo haga. Están incurriendo básicamente en un aspecto coercitivo porque pareciera que la tendencia es que no quieren entregar la información”.

Orobio añadió que el tema es muy delicado porque la institución que envenenó a estas personas es la misma institución “que desapareció evidencias” y ahora es la misma institución que no quiere presentar los expedientes y las certificaciones de los pacientes envenenados para que la Corte tome la justa decisión.

Por su parte, Francisco Carreira, representante legal de un grupo de demandantes, dijo que muchas de las personas que presentaron las acciones judiciales ante la Sala Tercera tenían expedientes de atención en el Seguro Social, hospitales y policlínicas, y se les dieron tratamiento en el Centro de Toxicología donde se les atendía primariamente.

“Una vez que se presentó la demanda, se da la situación de que las copias de los expedientes médicos de cada uno no fueron remitidos en su debido momento ni a la procuraduría ni al Centro de Toxicología. Es por esto que tuvimos que pedir de forma judicial y la Corte lo ordenó y recientemente, confirmado el desacato de los funcionarios de la Caja de Seguro Social al no entregar estas copias a pesar de existir una orden judicial”, indicó Carreira.

“Esta es una situación sumamente delicada ya que, el Seguro Social en este proceso actuando a través del procurador de la Administración, han negado totalmente que envenenaron a personas y han negado totalmente que a esas personas les corresponda una indemnización”, advierte Carreira.

La Sala Tercera también mantiene trámites en estos procesos para la elaboración de pruebas periciales de trabajo social, psicológica, psiquiatra y contables; según documentación publicada en el mural de edictos en la Secretaría de la Sala Tercera.

En febrero pasado, en una reunión de los envenenados con dietilenglicol y magistrados de la Corte, la secretaria judicial de la Sala Tercera, Katia Rosas, informó que, dado el ritmo de avance actual de los procesos, se proyecta que entre los meses de junio y diciembre de este año, unos 300 expedientes adicionales estarán concluyendo su fase probatoria para entrar en la etapa final de dictar sentencia, y que, a lo largo del año 2024, se espera que se practiquen más de 1,000 peritajes en la Unidad de Dietilenglicol.

Luego de 11 años en la esfera penal, en el año 2017, la Sala Penal modificó decisiones de tribunales de primera y segunda instancia, para dictar condena contra 11 personas (exfuncionarios y particulares) por el delito contra la salud pública.