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Tribunal de Apelación confirma suspensión del cargo al juez Felipe Fuentes
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó este jueves 8 de febrero la medida de suspensión del ejercicio del cargo al juez séptimo de Circuito, Felipe Fuentes, que es investigado por sustracción de documentos públicos, específicamente, los cuadernillos del caso Financial Pacific que fueron hallados en Loma Cová, distrito de Arraiján.
El pasado 1 de febrero, la jueza de Garantías, América Vergara imputó cargos por sustracción de documentos públicos al juez Fuentes y lo suspendió de sus funciones.
Tomás Góndola, abogado de Fuentes, dijo en TVN Noticias que “no es un hecho punible y que no se debió imputar cargos al juez”.
Aseguró en su momento, que los cuadernillos encontrados son de peticiones incidentales al proceso, que se maneja aparte del expediente principal del caso.
La Fiscalía Anticorrupción, adelantó está investigación por el delito contra la Administración Pública, por lo que solicitó la imputación y aplicación de medidas cautelares.
La defensa apeló la decisión de la jueza y solicitó la audiencia que se realiza este jueves en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora.
Audiencia
Durante la audiencia el Fiscal Superior Anticorrupción Aurelio Vásquez reiteró los riesgos procesales que existen dentro de la investigación que pueden causar una grave afectación.
El Tribunal confirmó la petición del Ministerio Público, que fueron adoptadas por el juez en primera instancia, al contemplar las circunstancia de los hechos, la naturaleza de los mismos y las medidas cautelares.
Señaló el fiscal Vásquez que se trata de un servidor público que saca documentos públicos, aclarando que si es cierto que aparecieron los documentos, se trata de una causa compleja que responde a un régimen normativo.
"No podemos dejar que el juez séptimo se mantenga en su posición en calidad de juez puesto que existen otros elementos de convicción", expresó Vásquez.
La audiencia de apelación fue solicitada por la defensa del juez Séptimo Penal con la intención de lograr que se revocara la decisión de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público cuenta con un término de 5 meses para realizar esta investigación.
