Libertad Ciudadana: Justicia panameña entre la impunidad y el Estado de Derecho
En un momento crítico para la justicia panameña, la Fundación instó a las instituciones del Estado a priorizar la lucha contra la corrupción y a la ciudadanía a mantenerse vigilante.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado 20 de enero marcó un día crucial para la justicia panameña, con dos eventos de gran relevancia: la suspensión de la audiencia del emblemático Caso Odebrecht y el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 351 de 2022, que modificó de manera polémica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Estos hechos reflejan el difícil equilibrio entre la lucha contra la corrupción y los desafíos estructurales del sistema judicial en Panamá.
La sombra de la impunidad en el caso Odebrecht
La suspensión de la audiencia del caso Odebrecht, aplazada por casi un año más, evidencia lo que muchos señalan como una alarmante dilación judicial.
Este caso emblemático, que destapó uno de los mayores esquemas de corrupción en América Latina, ha avanzado en otros países con sanciones significativas. Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia, entre otros, han procesado y condenado a expresidentes, exministros y altos funcionarios implicados en sobornos de la empresa brasileña.
En contraste, Panamá sigue rezagada. Mientras que otros países han impuesto multas y restricciones a la empresa Odebrecht, aquí la respuesta se limita a una sanción económica y un prolongado proceso judicial que parece estancarse. Desde 2006 hasta 2014, la llamada "Caja 2" de Odebrecht operó en Panamá, canalizando sobornos millonarios, pero el resultado hasta ahora ha sido la perpetuación de la impunidad.
“El desvío de recursos públicos mediante el esquema creado por Odebrecht con la complicidad de empresas y funcionarios resultó en una enorme pérdida para el país cuyas cifras son de vértigo. Y hasta ahora, solo hemos visto impunidad”, resalta la Fundación Libertad Ciudadana en un comunicado.
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Un respiro legal: el fallo sobre la Ley 351 de 2022
Por otro lado, la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos principales de la Ley 351 de 2022 por parte de la Corte Suprema de Justicia es un avance hacia la restauración del Estado de Derecho.
Esta normativa, impulsada durante la administración del excontralor Gerardo Solís, otorgaba amplias discrecionalidades a la Contraloría General, debilitando su rol de fiscalización y control.
El fallo judicial restablece el marco legal original de la Ley Orgánica de la Contraloría (Ley 32 de 1984), exigiendo nuevamente la estricta legalidad en las acciones de esta institución.
Entre los casos más controvertidos de la gestión del excontralor están los manejos discrecionales de becas estudiantiles del Ifarhu, las irregularidades en la descentralización paralela y las decisiones que facilitaron la extensión del contrato con Panama Ports.
Libertad Ciudadana pone en énfasis cómo la Ley 351 de 2022 es un caso de estudio sobre la separación de poderes y el Estado de Derecho, y cómo la corrupción afecta la democracia y la rendición de cuentas.
Implicaciones y lecciones para el país
Estos eventos son un recordatorio de cómo la corrupción, la discrecionalidad y la falta de controles afectan la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
El pronunciamiento de la Corte representa un triunfo del poder ciudadano, ya que fue gracias a la presión de organizaciones, juristas y ciudadanos que se logró revertir una legislación que permitía abusos en el uso de recursos públicos.
Sin embargo, queda mucho por hacer. La persistente dilación en el caso Odebrecht y otros procesos de alto perfil subraya la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial, que garanticen mayor celeridad y eficacia.
En un contexto regional donde otros países han mostrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, Panamá enfrenta el desafío de demostrar que la justicia no solo llega, sino que lo hace a tiempo.