Corrupción bajo la lupa: inspeccionan 12 entidades públicas. ¿Cuáles son?
Varias de las instituciones diligencias ya habían presentado denuncias ante el Ministerio Público tras detectar irregularidades a través de auditorías internas.
Panamá/Diligencias simultáneas para investigar la supuesta comisión de delitos contra la administración pública fueron realizadas por 12 instituciones por el Ministerio Público.
¿La razón? La Procuraduría General de la Nación le pone acelerador a las investigaciones de posibles casos de corrupción que adelanta la entidad. Estas diligencias fueron realizadas por un equipo de 14 fiscales anticorrupción con el objetivo de recabar documentación, obtener información oficial y agilizar procesos investigativos relacionados con denuncias de corrupción, peculado, malversación de fondos y otros delitos conexos.
Las diligencias fueron practicadas en el Ministerio de Educación (Meduca), también en la Caja del Seguro Social (CSS), la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Contrataciones Públicas (Dgcp), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Ministerio de Vivienda (Miviot), el Ministerio de Trabajo (Mitradel), el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).
Según el Ministerio Público, la finalidad de estas acciones es fortalecer los expedientes de alto impacto mediante la obtención de información administrativa y financiera “precisa y oportuna”.
Entre la información recaba por los fiscales está: contratos para la compra y venta de fincas, sobrecostos en el pago del servicio de internet en escuelas, pago de salarios a funcionarios que no habrían ejercido funciones, alteraciones en el sistema e-Tax para favorecer a contribuyentes, emisión de cheques del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) a personas que no habrían tramitado ayudas sociales y transferencia de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas a una empresa sin el destino previsto, entre otras causas que han afectado el patrimonio estatal.
Auditorías internas y denuncias clave
Precisamente, varias de las instituciones allanadas ya habían presentado denuncias ante el Ministerio Público tras detectar irregularidades a través de auditorías internas. Tal es el caso del Meduca, que bajo la dirección de la ministra Lucy Molinar, denunció pagos de salarios a nombre de 16 docentes fallecidos.
Estos pagos fueron detectados por Recursos Humanos y se estableció que algunos de los beneficiarios habían sido reportados como fallecidos desde 2021.
En el Minsa, por su parte, también se presentó una denuncia penal tras encontrar anomalías en contratos de compra de perforadoras de pozos y bombas sumergibles. El ministro Fernando Boyd Galindo señaló que se detectaron “ciertas irregularidades” en el proceso, lo cual motivó la denuncia, aunque subrayó que no es competencia del ministerio tipificar delitos.
La denuncia también fue respaldada públicamente por el presidente José Raúl Mulino, quien detalló en conferencia de prensa que las actas de aceptación de los equipos se emitieron entre el 5 y el 17 de diciembre de 2023, mientras que los pagos se hicieron por adelantado en mayo de 2024.
De igual forma, la Fiscalía Anticorrupción, a la fecha, investiga 169 denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, que señalan posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos asignados entre los años 2021 y 2024 al Programa de Descentralización de Interés Social (PDIS), destinados a juntas comunales y municipios en todo el país.
La Fiscalía aún no ha revelado el monto de los fondos investigados, pero la Autoridad Nacional de Descentralización hizo referencia en su auditoría, previo a la presentación de las denuncias ante el Ministerio Público, de 320 millones de dólares transferidos a juntas comunales y municipios en la pasada administración.
Firmeza institucional
En un comunicado oficial, el Ministerio Público aseguró el enfoque de estas acciones, señalando que “la Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la ciudadanía panameña de imprimir celeridad, objetividad y firmeza en la persecución penal estratégica, especialmente en aquellos casos vinculados con el manejo indebido de recursos del Estado”, se lee.