Opiniones encontradas sobre educación sexual reproductiva

El presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y proponente del proyecto de ley de educación sexual reproductiva, Crispiano Adames, se mostró dispuesto a que se modificar el documento con el consenso de todos los actores, pero advirtió que si es archivado como en el año 2008, "tendremos que sufrir todas las calamidades que está sufriendo la sociedad por no quitar las manos al sol".

Adames llegó a esta conclusión ante el enconado debate que generó en el programa Radar, que dirige y presenta Sabrina Bacal, el proyecto de educación sexual y reproductiva.

Además de Adames, participaron en el programa la exlegisladoras Teresita Yániz de Arias y Gloria Moreno de López( doctora ginecóloga) el doctor Daniel Pichel; la directora de la Secretaría de la Niñez y la Familia, Idalia Martínez; Geneva Aguilar de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia; Juana Cook de la Asociación Panameña para la Planificación Familiar y Gisela Álvarez de Porras, de Voces Vitales.

Aunque reconocen la necesidad de hacer algo para evitar embarazos en niñas, tanto Martínez, como la doctora Gloria Moreno de López y Aguilar cuestionaron los artículos 6 y 12 del proyecto de ley, que establecen los derechos a la salud sexual y salud reproductiva y a decidir sobre la descendencia.

El artículo 6 dice: "Se reconoce el derecho de las personas, al ejercicio responsable de su sexualidad, respetando su integridad y dignidad, y a no ser sometidas a ninguna forma de abuso, tortura, mutilación o violencia sexual, de manera que puedan vivir una sexualidad sana y adecuada a su edad física y sicológica, como fuente y expresión de un desarrollo integral y armónico de su personalidad."

Moreno de López se preguntó cómo una niña o niño de seis a ocho años puede tener decisión responsable con respecto a su sexualidad. Estos derechos no pueden ir en menoscabo del ejercicio responsable de la patria potestad.

También Aguilar, de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia expresó preocupación por la posible sustitución de la patria potestad, de los derechos y obligaciones de los padres y los quiera asumir el Estado, porque considera que esa no es la forma de enfrentar un problema como este.

A juicio de Aguilar, el Estado tiene el mecanismo para minimizar esto, pero considera que entran en juego otros intereses y se puede poner en juego el derecho a la libertad de expresión. Estos derechos no pueden ir en menoscabo del ejercicio responsable de la patria potestad.

Sin embargo, el artículo 6 dice en una de sus partes que "Estos derechos no pueden ir en menoscabo del ejercicio responsable de la patria potestad".

Por su parte, Martínez criticó que el artículo 12 del proyecto señala que "Se reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas respecto de la procreación, lo que implica que pueden decidir, responsablemente, si desean o no tener descendencia, el número de hijos o hijas y el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con las normas vigentes".

Martínez también critica que no se especifica edad, para recomendar un método anticonceptivo. Por ello sugiere que se debe hacer una separación de la palabra personas y definir que se trata de mayores de 18 años de edad. Además objeta la confidencialidad, que no se comunique al padre.

Además objetó Martínez que en el artículo 7 se reconoce a todas las personas el derecho de acceder a una educación integral en

sexualidad, que incluya todas las etapas del ciclo vital humano, para permitir el bienestar, el desarrollo y el ejercicio de la sexualidad en forma plena, responsable e informada, lo que a su juicio, implicaría a menores de edad.

Otro artículo que cuestionó Martínez es el No. 15 sobre los servicios de salud, específicamente en el párrafo que dice "Los médicos y profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia en materia de proveer servicios médicos permitidos por la Ley, deberán comunicarlo, formalmente, a la autoridad sanitaria, al momento de su nombramiento, de manera que se garantice el personal idóneo para ofrecer todos los servicios médicos permitidos por la Ley, en todas las instalaciones de salud del país. Todo objetor u objetora que no lo haya declarado con

antelación, tiene la obligación de hacerlo, si ya labora dentro del sistema de salud".

"Jamás podré estar de acuerdo que se establezca por ley que un niño menor de edad tenga relaciones sexuales de manera incontrolable y que pueda determinar si quiere tener hijos o desistir", recalcó Martínez .

Deploró además que se hable en el proyecto de establecer políticas públicas en educación integral, no menciona la palabra sexual, atención y promoción de salud, pero en su contenido no menciona, enumera, desarrolla o haga alusión a un plan académico a un contenido curricular que llene vacíos o dé respuesta. En todo caso, observó que la Secretaría de la Niñez y la Familia es la institución rectora, autoridad central para desarrollar, ejecutar, coordinar, articular políticas públicas de niñez y adolescencia.

Los argumentos de Martínez, Moreno y Aguilar fueron refutados por Adames, Yániz de Arias, Pichel, Cooke y Álvarez de Porras, quienes defienden el proyecto de educación sexual reproductiva.

Al respecto, Yániz de Arias afirmó que es imposible regular los accesos de internet y que incluso la exministra de Educación, Lucy Molinar confesó durante su ejercicio que de las propias computadoras distribuidas en las escuelas se bajaba pornografía.

Sobre la patria potestad, Yániz de Arias dijo que no es un cheque en blanco para que los padres decidan que sus hijos no vayan a la escuela o negarlestratamiento médico.

La exlegisladora recordó que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que deben tener los padres con sus hijos y que le preocupa que no se exige a los padres cumplir con sus deberes.

Lamentó que mientras en las escuelas privadas, incluidas las regentadas por la Iglesia Católica, tienen educación sexual dictada por médicos, pero le niegan estos derechos a los menores que van a las escuelas públicas.

Por su parte, Cook aclaró que la educación sexual no está dedicada al coito, y será adecuada de acuerdo a cada etapa del niño, para que aprenda a respetar el propio cuerpo, a identificar las caricias amistosas de las que no le gustan y las puede reportar.

Cook insistió en que hay un papel fundamental: el de protección, que funciona a lo largo de la vida, no solo en caso de abuso sexual de menores, sino en violencia contra mujeres, que está tipificado.

La Directora de la Asociación Panameña para la Planificación Familiar se preguntó cuántos femicidios se hubieran evitado, si Panamá tuviera una educación integral en educación sexual que levantara la autoestima de las mujeres y les enseñara a divisar las señales de alarma ante un posible novio violento.

Cook aseguró que el proyecto incluye valores, dignidad humana y afectividad, reconocimiento de la patria potestad y empoderamiento de los padres de familia.

PROBLEMA EN EL HOGAR

También el doctor Pichel defendió el derecho a la confidencialidad de un paciente, como un deber del médico. Indicó que si él recibe a una adolescente que quiere métodos anticonceptivos y la ley le obliga a llamar al papá, es probable que en el hogar, ese padre le peguea su hija.

Ahondó en este tema, el doctor Adames, cuando indicó que cuando una menor busca ayuda fuera de su hogar, hay sospecha de maltrato o negligencia, porque ella no se atreve por miedo a la reacción que puedan tener sus padres o la falta de confianza en ellos. Añadió que la Ley 68 de 2002 garantiza el derecho a la confidencialidad del paciente.

Pichel está alarmado por las estadísticas de embarazo precoz. Afirmó que el número es aterrador por cuantoel 31 por ciento de los bebés vienen de madres menores de edad. Señaló que según la Organización Mundial de la Salud, los países del África Subsahariana, estánpor arriba del 30 por ciento.

Recordó que Idalia Martínez, directora de la Secretaría de la Niñez y la Familia, advirtió que hay 5 mil niñas embarazadas, lo que significa que más de un tercio de las 14 mil mujeres embarazadas son menores de edad.

Por su parte, Gisela Álvarez de Porras, hizo énfasis en que el derecho del niño está por encima de la patria potestad. y observó que los embarazos de menores se producen sobre todo en familias disfuncionales, y es una repetición de círculos de pobreza, que se deben romper y no hay otra forma más que a través de la educación.

Porras lamentó que hay una permisibilidad en ambientes, porque los padres lo permiten y lo vemos a diario. Indicó que es un delito cualquier relación sexual con una niña aún ella haya consentido.

Sostuvo que a su organización le cuesta una fortuna cambiar la huella cultural para que las chicas que son madres reconozcan el rol que son niñas y deben amar a sus hijos.

Añadió que los embarazos no son buscados, suceden y no los podemos permitir, por lo que un menor de edad que por un menor de edad por permisibilidad, consentimiento, diferencias culturales esté teniendo relación sexual debe tener derecho a pedir médico y decidir no poder engendrar, o respetar una nueva vida.

Porras dijo que en Felipillo, Panamá Este, donde su organización levantó un censo, tristemente la excepción de la regla es la niña no embarazada, porque la regla es la niña embarazada y si se sigue con ese círculo no se podrá acabar con la pobreza.