Ley aprobada por parlamento panameño gana más tiempo para perseguir corruptos

Una norma aprobada esta semana por la Asamblea Nacional de Diputados, restablece al doble los plazos de prescripción de la acción penal en los delitos contra la administración pública y da más tiempo a la justicia para perseguir las prácticas corruptas de exfuncionarios y delincuentes de cuello blanco.

Así lo destacó en una entrevista la proponente de la iniciativa y diputada independiente, Ana Matilde Gómez, quien dijo que su aprobación "era más que necesaria" y parte de los compromiso del actual Gobierno de fortalecer el sistema de administración de justicia y la lucha contra la corrupción.

Gómez, exprocuradora de Panamá, señaló que los delitos contra la administración pública es "a veces muy difícil investigarlos y perseguirlos en un mismo Gobierno".

"Hay que esperar que pase un Gobierno y a veces hasta después es que se logra recabar las pruebas o tener a la gente con la confianza para hablar de lo que ha pasado dentro de las instituciones", indicó Gómez.

Incluso, según la diputada, muchas veces los investigados "cuando tienen poder económico se sustraen de la justicia porque evaden las responsabilidades saliendo del país".

Pero con esta modificación, remarcó, "tendrán que escapar muchos años más, porque todavía la acción penal va a ser posible ejercerla por el doble del máximo de la pena".

Investigaciones

Las fiscalías anticorrupción investigan en la actualidad a cerca de una decena de empresarios, exministros, exviceministros y exdirectores, varios de ellos detenidos, por firmar contratos con supuestos sobrecostes en la compra de granos de arroz, comida deshidratada y mochilas escolares durante la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La mayoría de estas presuntas anomalías e irregularidades se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y algunos de los investigados están fuera del país, entre ellos Martinelli, a quien el Supremo panameño le sigue tres causas pero no ha sido aun imputado ni tiene requerimiento alguno en el país.

A casi todos los investigados se les ha formulado cargos por peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra entidades públicas que encuadran en los ilícitos contra la administración pública y para los cuales se restableció al doble los plazos de prescripción de la acción penal en el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Proyecto de Ley

El proyecto 149, aprobado este jueves en tercer y último debate por la AN, modifica el numeral 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal (CPP) que establece que la acción penal en los delitos contra la administración pública prescriben en un periodo de tiempo igual al de la pena máxima que tienen estipulada, que es de 15 años.

La nueva norma promovida por Gómez, que espera la sanción del presidente de la República, Juan Carlos Varela, retoma el texto original del numeral 3 del artículo 116 del CPP, que en 2011 estableció que estos delitos el plazo de prescripción de la acción penal sería el doble de la pena prevista para el respectivo ilícito.

Esto había sido variado por la Ley 35 de 2013 que redujo el plazo al máximo de la pena prevista para estos delitos en el CPP.

Gómez recordó que la norma original fue propuesta en 2008 y entró en vigencia en 2011, pero que en 2013 durante la discusión en la AN de una ley de extradición en el Gobierno de Martinelli "colaron ese camarón", reduciendo el plazo de prescripción.

La exprocuradora reconoció que la discusión de su propuesta tuvo la "férrea oposición" de una diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que no identificó, que entre otras cosas exigía devolver el proyecto a primer debate por considerar que se discutía "una cosa indebida" que podía ser inconstitucional.

Aún así, la diputada independiente consideró que lo importante era "lograr ahora, sin mucho trauma, que se restableciera lo que se tenía en 2011.

Gómez fue más allá y afirmó que "ojalá hubiéramos logrado que fueran imprescriptibles" como los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada.

"Ese era mi sueño, pero eso no lo íbamos a lograr", reconoció Gómez, quien, no obstante, asume que Varela sancionará esta Ley por su "firme decisión de tener un sistema de justicia fortalecido".

"Siento -insistió- que esto es parte de los compromisos que se tenían del restablecimiento de normativas para una institucionalidad más sólida y para recuperar la confianza en las instituciones y los operadores de justicia, y darle mejores herramientas".