Sabor a impunidad por ‘desgreños administrativos’ en los bienes del Estado

Los escándalos con los dineros públicos brotan cada cierto tiempo, concentrando todos los esfuerzos de los medios de comunicación y dejando un sinsabor entre la ciudadanía de que la impunidad parece siempre triunfar. ¿Cuál es el papel del Ejecutivo, hasta donde llega la responsabilidad de la Contraloría General de la República y hasta qué punto los diputados pueden tener control?

Estos cuestionamientos fueron abordados en el programa Radar de este domingo 18 de noviembre, que buscaba adelantar un análisis más profundo sobre los actores y las funciones que deben cumplir en el control de los dineros estatales.

Algunos panelistas coincidieron en la casi inacción del contralor Federico Humbert en estos últimos cuatro años, a pesar de conocer los “desgreños administrativos” que se ocurrían en instituciones como el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y la Asamblea Nacional (AN), la cuál ha sido blanco de críticas por malos manejos de fondos, complicidades y el uso de las planillas para “botellas políticas”.

También se refirieron a las declaraciones del contralor durante una entrevista con la directora de TVN Noticias, Sabrina Bacal.

“La Asamblea tiene una seria responsabilidad en todo esto, pero yo lo que me pregunto es ¿cómo usted, después de cuatro años de ser contralor y que tiene la obligación de saber que se están haciendo con esos fondos, usted descubre que todas estas cosas están pasando?”, manifestó la exlegisladora Teresita Yániz de Arias en Radar.

“¿Qué hubiera pasado si no se hace esta investigación por parte del diario La Prensa? ¿En cuántos organismos del Estado se han hecho también transferencias a otras instituciones de las cuáles después ya no se sabe el destino? Esa entrevista del contralor me parece que desnuda mucho la motivación que ha tenido en esta investigación, y la falta de control que ha tenido la Contraloría”, cuestionó el excanciller y analista político Jorge Eduardo Ritter.

Para la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, la discrecionalidad histórica en el Legislativo se debe a que su estructura no responde “a la producción legislativa” y la investigación para la elaboración de normas. Considera que el control de gastos presentado por el contralor Humbert como una solución al desorden en los contratos y planillas resulta insuficiente.

“Esa discrecionalidad les ha permitido [a los diputados] unos márgenes tan grandes de operabilidad, que les ha llevado a un universo de impunidad”, dijo Gómez en Radar.

Gómez y Yániz de Arias compartieron perspectivas sobre el sistema político colapsado, que consideran se encuentra en un "punto de no retorno" que obliga el despertar de los ciudadanos para lograr un verdadero cambio en las instituciones.

Para la diputada, la administración de Juan Carlos Varela falló en la recomposición de las instituciones democráticas luego del “entramado de corrupción” de la pasada administración que a su juicio infectó todas las entidades estatales.

“Después de la impronta mafiosa que vimos en el gobierno pasado, necesitábamos en este gobierno hacer una recomposición institucional profunda”, aseveró la diputada.

La exlegisladora Yániz De Arias abordó esta misma línea en el debate, señalando que la politiquería en la Asamblea Nacional y la Comisión de Presupuesto propicia chantajes y presiones para la aprobación de presupuestos del Estado y partidas.

“La gente tiene que entender por qué hemos llegado aquí. Esto no pasó de un día para otro. Esto es un proceso de desgaste, de degeneración política, de pérdida de la ideología partidaria”, expresó. “Es un manejo discrecional del poder, apartado de toda ética y todo sentido de responsabilidad, la actual y la histórica”.

El abogado y exasesor legal en la Contraloría General de la República, Ernesto Cedeño, aseguró que la entidad cuenta con normas en su legislación y que la Constitución le permite a la entidad fiscalizar, inclusive a organizaciones privadas que perciban colectas públicas.

Para Cedeño, el contralor Humbert dejó pasar la oportunidad de auditar el uso y denunciar el traslado de más de $400 millones a partidas circuitales desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que al final favorecieron a los diputados en el quinquenio pasado.

“Ahora el contralor se está alumbrando con una vela, antes estaba en la oscuridad”, dijo Cedeño. “Tiene las herramientas jurídicas para saber si ese dinero llega o no, tienen fiscalizadores”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no escapa de los cuestionamientos por estas asignaciones presupuestarias.

Euribiades Cano, director de Presupuesto de la entidad, aclaró en Radar que la institución certifica la disponibilidad presupuestaria en apego a las legislaciones y normas, como la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Agregó que cada entidad planifica cómo distribuye los fondos para funcionamiento e inversión dentro del tope que establece el ministerio.

“El MEF certifica la disponibilidad presupuestaria. No certifica el gasto en que va incurrir la institución. Es la entidad la responsable del gasto que está ejecutando (...), bajo la fiscalización de la Contraloría", apuntó el funcionario.

Cano resaltó que la Contraloría tiene el recurso para indagar, verificar y actuar sobre el gasto que se esté ejecutando.

Futuro del caso Martinelli

En medio de toda la tormenta por los escándalos en el uso de fondos públicos, surge un proyecto de fallo a espera de debate en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que podría cambiar el rumbo del proceso judicial que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli por las escuchas telefónicas ilegales.

A consideración del abogado Ernesto Cedeño, ya la CSJ ha reiterado en unas cuatro ocasiones que no ha perdido la competencia para ver el caso del exmandatario, y que no ha violado sus derechos y garantías.

Añadió que lo actuado en la audiencia de mañana, lunes 19 de noviembre, para la aprobación o rechazo de pruebas tendrá validez.

“Ese es solamente un proyecto y se tiene que discutir en el Pleno. Mi posición es que hay una posibilidad que venga un contraproyecto y que cuente con la mayoría”, consideró el abogado.