Credibilidad del TE en juego, futuro de Martinelli y Odebrecht, en el Radar

¿Tiene credibilidad el Tribunal Electoral a pesar de admitir errores en procedimientos? ¿Cuáles son los posibles escenarios para el expresidente Ricardo Martinelli, sus aspiraciones políticas y el proceso legal que enfrenta? ¿Las nuevas revelaciones sobre coimas de Odebrecht restan validez a los acuerdos de colaboración con la empresa constructora?

Estas son algunas de las preguntas que se debatieron este domingo 1 de diciembre en Radar.

El Tribunal Electoral ha sido objeto de fuertes críticas por el proceso de recolección y validación de firmas para precandidatos por la libre postulación.

“Se tomaron las medidas para que no vuelva a ocurrir y hemos dado un paso adelante con un nuevo sistema, que es un innovador sistema que no existe en América Latina", aseguró el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery.

Explicó que se podrán ver los resultados minuto a minuto para conocer quiénes serán los tres candidatos que obtengan la mayor cantidad de firmas para aspirar a la presidencia de la República en 2019. “Uno tiene que acoger las quejas como una oportunidad para mejorar, y no rechazarlas”, añadió.

El magistrado Heriberto Araúz reconoció que ha habido errores en algunos procedimientos, pero lamentó que por criticar un procedimiento se ataque la credibilidad e imparcialidad del Tribunal. Detalló que se han hecho ajustes, como por ejemplo que se cuenten firmas de personas con cédulas que están vencidas al momento de la validación, pero que estaban vigentes cuando se tomaron en primer lugar.

En total, se han presentado alrededor de 1.5 millones de firmas ante el Tribunal Electoral, de las cuáles unas 940 mil ya han sido validadas.

“La norma electoral indica que el 6 de enero a las 4 de la tarde debemos recibir todos los libros y tenemos hasta el 11 para dar las cifras finales.

En 5 días tenemos que validar todo lo que se presenta, y el Tribunal Electoral va a estar preparado para eso”, enfatizó Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE.

Valdés adelantó que quizás se tengan que modificar algunas fechas para facilitar la coordinación durante la Jornada Mundial de la Juventud.

Los funcionarios del TE resaltaron fechas importantes. Por ejemplo, las alianzas políticas deberán estar formalizadas antes del 31 de diciembre.

Los colectivos políticos solo podrán postular a cargos de elección popular a candidatos por la libre postulación entre el 28 de enero y el 5 de febrero.

Una preocupación compartida por los panelistas es la judicialización de los procesos electorales. El fuero electoral parece ser una herramienta utilizada por muchas personas señaladas en casos de corrupción para evitar la justicia.

“Tenemos que ser celosos de garantizar los derechos políticos de los actores del proceso electoral,

que el fuero no se convierte en un ropaje para la impunidad, para ilícitos. El fuero no debe ser un obstáculo, pero como árbitros debemos cuidar el proceso electoral”, declaró Araúz.

Cuestionado sobre los llamados “pagos en especie”, o donaciones no registradas durante las campañas políticas, Escoffery dijo que no ve necesidad de que los candidatos recurran a donaciones ilícitas. “No se exponían a violar ningún tope, tenían una amplia gama.

No tenían motivación para hacer algo irregular”, consideró.

“Quizás los que lavan (dinero) no querían aparecer”, apuntó el excanciller Jorge Eduardo Ritter, refiriéndose a donantes. Recordó también que hubo candidatos “comprando firmas”.

Conocedores de campañas electorales han opinado que el costo real de las campañas durante el último torneo electoral probablemente sea superior al reportado públicamente.

Los miembros del TE enfatizaron que se está aprendiendo con la experiencia y que se buscará seguir mejorando el proceso electoral para futuras elecciones.

Una de las críticas de la sociedad civil es el hecho que el expresidente Martinelli pueda aspirar a puestos públicos mientras se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Renacer enfrentando un proceso por escuchas telefónicas.

“Desde que se reformó el Código Penal en el 2008, la sentencia condenando a una persona ya no tienen como pena accesoria la suspensión de derechos ciudadanos”, explicó Escoffery. “Tendría que ser condenado por 5 años o más”, acotó.

El proceso legal del exmandatario también fue discutido por una segunda ronda de invitados.

“El juzgamiento a Martinelli es un hecho de relevancia histórica. Generalmente los expresidentes y presidentes son sometidos a procesos frente a la Asamblea Nacional”, resaltó Adán Arnulfo Arjona, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La defensa de Martinelli ha presentado un amparo legal para que se declare que la CSJ no es competente para juzgar al expresidente luego que este renunciara al Parlamente Centroamericano.

Para Arjona, hay dos escenarios posibles. Si se concede el amparo, ¿tendría que repetirse entera la fase intermedia durante la cuál se presentaron las pruebas? Si no se concede, la CSJ tendría que atender el proceso como tribunal de juicio y todas las pruebas tendrían que practicarse frente a este organismo.

Considerando la gran cantidad de testigos, demandantes y pruebas, esto acapararía los recursos del pleno de la Corte en un solo caso.

“Toda esta experiencia confirma que el diseño de asignar investigación y procesamiento de diputados a la CSJ es inidóneo e inconveniente.

El cuerpo de la CSJ no tiene las herramientas para atender responsabilidad a ese nivel”, concluyó Arjona.

En cualquier caso, es probable que el proceso se extienda mucho más. Los panelistas consideraron que las elecciones del 2019 podrían tener un efecto en el caso.

Odebrecht

Cuatro fiscales anticorrupción del Ministerio Público presentaron durante una conferencia información sobre el Caso Odebrecht.

“Es un avance que 4 fiscales se dirijan al país para dar avances sobre un caso insignia como Odebrecht. Gran parte de la información que dieron la conocíamos por otros medios. Ojalá hicieron lo mismo con otros casos de corrupción como Blue Apple”, manifestó el excontralor de la República, José Chen Barría.

Añadió que queda por revelarse información sobre lo acontecido durante las administraciones de Martín Torrijos y Juan Carlos Varela.

Chen Barría cuestionó fuertemente la decisión del Gobierno Nacional de no inhabilitar a la constructora brasileña para licitaciones públicas.

Destacó que durante la conferencia de prensa, las fiscales hablaron de más de 100 millones de dólares en coimas, y que ahora Odebrecht está obteniendo contratos por un monto superior a esta cifra.

Los 100 millones también dejan en entredicho los acuerdos de colaboración realizados entre el Ministerio Público y Odebrecht, comentó el panel.

Originalmente, se declararon 59 millones de dólares en sobornos, y la multa a Odebrecht fue asignada estimando aproximadamente el doble de este monto. Ahora, resulta que los sobornos fueron aún superiores. Y Odebrecht sigue ganando licitaciones.

“Si las fiscales nos dicen que las coimas pagadas van por el orden de más de 100 millones de balboas, el gobierno premia a Odebrecht dándole un contrato por 112 millones de dólares en un proyecto que es importante pero no prioritario como la extensión de la extensión del Metro al aeropuerto”, lamentó Chen Barría.

“Le pido al señor contralor que medite y le dé al país un mensaje positivo y no refrende ese contrato. Que dé a los panameños un poco de fe de que Odebrecht no va a seguir haciendo lo que ha hecho en el país. No se trata de segundas oportunidades”, concluyó.