Iniciativa contra el tráfico de influencias acarrearía sanciones penales para funcionarios del Estado

Una iniciativa que crea nuevos tipos penales llevaría a la cárcel a los funcionarios públicos que se hacen de sus puestos para pagar favores políticos a través de nombramientos con salarios elevados y el otorgamiento de otra infinidad de beneficios.

Se trata del anteproyecto de Ley Contra el Tráfico de Influencias y a favor de la meritocracia en Panamá, presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el diputado, Edison Broce, el pasado 5 de abril.

"Hay muchas personas que llegan a sus puestos estatales por influencias políticas y cartas de recomendaciones de x o y político, y con la implementación de esa legislación esa mala práctica quedará totalmente penalizada, tanto para quien remite la carta de recomendación como para el que decide acoger la solicitud y dar proceso al nombramiento político", explicó Broce en entrevista con TVN-2.com

Lo dicho por Broce aplicaría una sanción penal de 8 a 15 años de prisión, según lo establecido en el articulo 1 de la iniciativa y se adicionaría al artículo 338-A del Código Penal de la siguiente manera:

Por otra parte, el servidor público que valiéndose de su influencia solicite o recomiende, para beneficio propio o de un tercero, nombramientos o destituciones como reclamo de cuotas de poder político en cualquier entidad pública será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Esto se adicionaría la artículo 354-A del Código Penal.

Con respecto a la mala práctica de otorgar becas a través de influencias políticas, esta sería penada con cárcel de 4 a 6 años y dicha medida se adicionaría al artículo 354-C del Código Penal de la siguiente manera:

El servidor público que valiéndose de su influencia otorgue becas dentro de cualquier programa administrado por el Estado, a candidatos que no cumplan con los perfiles y méritos para hacerse acreedores a las mismas o que las otorgue con base en influencias e incumpliendo los procedimientos legales será sancionado con prisión de 4 a 6 años, cita la legislación.