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Ciudad de Panamá, Panamá/Con el anuncio de conversaciones entre el Gobierno y Minera Panamá para buscar un cierre ordenado y definitivo de la mina de Donoso, el Acuerdo de Escazú vuelve a ocupar un lugar en el debate público. El Ejecutivo ha prometido participación ciudadana antes de concretar cualquier acuerdo, mientras plantea una posible reactivación temporal que permita financiar el cierre.
Pero ¿qué es este acuerdo, por qué es importante y qué dijo la Corte Suprema de Justicia sobre su cumplimiento cuando declaró inconstitucional el contrato minero de 2023?
La respuesta está relacionada con el derecho de la población a conocer los impactos ambientales de un proyecto y participar antes de que se decida su futuro.
Estas garantías fueron parte de las conclusiones de los magistrados que conforman el pleno de la Corte, que cuestionó la falta de acceso a información ambiental actualizada y de participación ciudadana efectiva durante la aprobación del contrato, que declaró inconstitucional en noviembre de 2023.
Ahora, ante las conversaciones previstas para el próximo lunes 23 de noviembre, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que las alternativas serán sometidas a un proceso de participación ciudadana, con mecanismos digitales y presenciales en las comunidades, conforme al Acuerdo de Escazú.
El acuerdo regional, que fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y entró en vigor el 22 de abril de 2021, protege tres derechos principales: acceder a información ambiental, participar en las decisiones que puedan afectar el entorno y acudir a la justicia en asuntos ambientales. Su importancia radica en que la ciudadanía pueda contar con información clara y oportuna, presentar sus observaciones y conocer cómo fueron consideradas por las autoridades.
Panamá firmó este acuerdo el 27 de septiembre de 2018 y depositó su instrumento de ratificación el 10 de marzo de 2020. El país es Estado parte desde su entrada en vigor.
El acuerdo deja claro que la población debe contar con información ambiental clara, accesible y oportuna. Esto permite conocer los posibles efectos de las actividades sobre el agua, el suelo, la salud y otros aspectos del entorno.
También exige que la participación ciudadana sea posible desde las etapas iniciales de las decisiones ambientales, con tiempo suficiente para conocer la información y presentar observaciones. Las autoridades deben considerar esos aportes antes de decidir y explicar cómo los tomaron en cuenta.
Además, contempla mecanismos para impugnar decisiones u omisiones relacionadas con el ambiente y medidas de protección para las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Estas garantías fueron parte del análisis de la Corte Suprema de Justicia en el fallo sobre la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
En los fragmentos examinados, el tribunal cuestionó que la concesión se hubiera aprobado con un informe de impacto ambiental que no era reciente ni contenía información actualizada sobre la situación ecológica al momento de celebrarse el contrato.
La Corte explicó que un estudio de impacto ambiental actualizado era un insumo necesario para que la población pudiera opinar de manera informada sobre el proyecto, sus efectos y las medidas de mitigación. Por ello, no se cumplió con el artículo 6.1 del Acuerdo de Escazú, que exige generar y divulgar información ambiental de manera oportuna, accesible y comprensible, y actualizarla periódicamente.
También señaló que, al no cumplirse la fase de entrega oportuna de información relevante y participación efectiva, se vulneró el derecho colectivo de participación pública. Se incumplió así el artículo 7.17, que exige divulgar información sobre las características del proyecto, sus impactos, las medidas previstas y el monitoreo, incluyendo un resumen comprensible para el público.
En uno de los pasajes del fallo, la Corte expresó que “el artículo 12 ya comentado [Convención sobre los Derechos del Niño, relacionado con su derecho a ser escuchados] y el Acuerdo de Escazú integran el bloque de la constitucionalidad; por ende, debieron ser aplicados al momento de considerar la aprobación o improbación del proyecto de ley n.º1100, luego convertido en la Ley N°406 de 2023”.
“En consecuencia, al no implementar mecanismos para instrumentalizarlos y realizar las consultas respectivas, ambos preceptos, e inclusive el artículo 56 de la Constitución Política, fueron transgredidos”, indicó la Corte Suprema.
El fallo también destacó que los niños y las niñas, por su condición de vulnerabilidad y por ser el futuro de la Nación, no pueden ser privados del derecho a un ambiente sostenible, cuya protección corresponde al Estado, lo que también es materia del acuerdos internacionales en los que Panamá es firmante.