Pros y contras del Proyecto de Ley 43

Los reavalúos y el impuesto inmueble preocupan a miles de panameños. Una iniciativa legislativa ha permanecido en el limbo por más de dos años y su discusión finalmente suspendida del debate en la Asamblea Nacional la semana pasada.

Se trata del proyecto de Ley 43, presentado por la diputada perredista Zulay Rodríguez. El mismo busca modificar el Código Fiscal y normar los avalúos a propiedades.

Algunos de los cambios al Código Fiscal propuestos son:

• La tarifa del impuesto será de 0.25% sobre el valor catastral del terreno.
• Los avalúos no podrán realizarse de oficio. Se deberá notificar por escrito y personalmente al contribuyente antes de hacerse y luego de conocerse los resultados. Sólo podrán ser realizados por la Anati.
• Se excluirán áreas vulnerables por condición social y económica de sus residentes de los avalúos.
• El valor catastral registrado no podrá estar asociado con el valor comercial. La Anati fijará los parámetros para obtener este valor
• Las viviendas de interés social no pagarán este impuesto
• Los inmuebles que pertenezcan y sean la vivienda principal de una persona de tercera edad, o a una sociedad en la que el beneficiario final sea de la tercera edad, estarán exoneradas del impuesto.
• La base para pagar el impuesto será el mayor monto entre el avalúo catastral; el precio del terreno en una venta o remate; el avalúo del terreno en un juicio de sucesión.
• Los nuevos valores catastrales comenzarán a regir a partir del siguiente período fiscal en que queden ejecutoriadas las resoluciones de la Anati.
• Se establece que los contribuyentes tendrán la facultad de iniciar procesos administrativos si está en desacuerdo con un avalúo y agotar todos sus recursos legales antes que se le embargue una propiedad como parte de la ejecución del cobro de este impuesto.

Análisis

Existen opiniones encontradas entre los expertos en materia tributaria.

“Hay un clamor popular para que se pase”, manifestó la abogada Marta Luna. “Pero no lo puedes hacer solo porque quieres, se necesita un estudio”, acotó. Cuestionó que no hay un estudio científico que detalle cómo se va a calcular de dónde saldrá el impuesto.

Para Luna, es necesario ajustar el impuesto inmueble. Actualmente, Panamá tiene uno de los más altos de la región, alcanzando el 2.10%. Sin embargo, enfatiza que no se pueden recortar de forma tan dramática los ingresos del Estado sin sustituir ese ingreso.

“Tiene esencia lógica, pero no está cónsono con la realidad”, apuntó Luna. Explica que no es recomendable aumentar exoneraciones y reducir el número de contribuyentes, sino que se debe encontrar un balance. “Es necesario hacerlo, pero se deben buscar alternativas”, puntualizó.

El argumento de la falta de ingresos es el mismo que esgrimen las autoridades gubernamentales. Lo llaman renta sustitutiva, y critican que el proyecto de Ley no tiene como compensar los ingresos perdidos al Estado panameño.

Pero para el abogado tributario Camilo Valdés, quien participó en la discusión del proyecto de Ley como representante de la Asociación Bancaria de Panamá, esta lógica no tiene fundamento constitucional.

“Es una excusa. La renta sustitutiva no tiene nada que ver con el tema tributario, sino con el presupuesto estatal”, afirmó Valdés. “Si se quita un impuesto, no quiere decir que hay que clavar otro”, detalló.

Como ejemplo, se refirió a las modificaciones al Código Fiscal hechas durante el inicio del gobierno de Ricardo Martinelli donde se bajaron algunos impuestos. En aquel momento, cuando el ahora ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De la Guardia era viceministro de Finanzas y Juan Carlos Varela vicepresidente de la República, no se implementó ningún tipo de renta sustitutiva.

“El proyecto es viable, lo que tiene que hacer el gobierno es ampliar la base de los contribuyentes y ser más eficiente en el cobro”, aseguró Valdés. Sobre este último punto, especificó que de los 400 millones de dólares que factura la Dirección General de Ingresos (DGI) todos los años, solo se cobran alrededor de 120 millones.

Las deficiencias en el cobro de impuestos son un punto en el que también coincide Luna. Compartió que ‘no se están pagando los impuestos correctos’, no por falta de re avalúos, sino por el desconocimiento de la Ley.

Explicó que el Código Fiscal señala que se deben pagar impuestos por el valor de la finca al momento de ser comprada, pero que muchos contribuyentes pagan por el valor que tenía registrado el dueño anterior. Los datos ya existen en el Registro Público, y la Anati desarrolla el software para actualizar su base de datos.

Como abogada, se mostró escéptica ante algunas exoneraciones contempladas en el proyecto de Ley. Advierte que exonerar fincas a nombre de personas jurídicas (como sociedades) cuyo beneficiario final sea un adulto mayor es una invitación al juega vivo.

También fue crítica de eliminar el tiempo de exoneraciones de 20 años y hacerlo a perpetuidad, así como de alargar el intervalo en el que se hacen avalúos oficiales a 20 años, cuando países como Estados Unidos lo realizan cada 2. Destaca que Panamá no los había hecho en 40 años.

El proyecto de Ley podría también chocar con la Ley de descentralización, ya que la habilidad de cobrar impuestos sobre fincas representa una fuente importante de ingresos para los municipios. Precisamente la Ley de Descentralización ha sido el objeto de múltiples ataques por parte de la madre de esta iniciativa, Zulay Rodríguez.

La diputada ha hecho de los re avalúos un foco de interés político. Pero con o sin intereses, el potencial alza de los impuestos es una enorme preocupación para el bolsillo de los panameños. Aunque no haya consenso aún sobre la forma, gran parte de los expertos coinciden en que es necesario revaluar las tarifas y encontrar la fórmula para que se cobren impuestos de la forma más justa posible a la población.