Los trabajadores birmanos temen las represalias de la UE por los rohinyás

La amenaza de la Unión Europea (UE) de imponer represalias comerciales a Birmania por la vulneración de los derechos de los rohinyás genera preocupación entre sus trabajadores, sobre todo del sector textil donde operan empresas como Inditex y H&M , pues temen tener que emigrar de nuevo.

"Hemos sufrido mucho las sanciones en el pasado y ahora no queremos ir a atrás y convertirnos en inmigrantes de nuevo", explica a Efe Ma Phyo Sandar Soe, una sindicalista y ex empleada de la industria textil de 38 años.

Una delegación europea visitó Birmania el pasado octubre y anunció que la UE estudiará sacar a este país de un programa de comercio preferente si no toma pasos para respetar los derechos de los rohinyás, una comunidad considerada apátrida por la ONU, y de otras minorías étnicas.

Las represalias de la UE podrían afectar sobre todo a la pujante industria textil birmana, que representa el 72 % de sus exportaciones a Europa con clientes como la española Inditex y la sueca H&M.

Birmania, que se encuentra en pleno proceso democratizador tras décadas de dictaduras militares (1962-2011), sufrió en el pasado sanciones económicas por parte de la UE y Estados Unidos debido a la violación de los derechos humanos.

Ma Phyo Sandar Soe, su padre y sus dos hermanos trabajaban en la empresa textil U.M.H. cuando Estados Unidos impuso en 2003 sanciones comerciales a Birmania, que afectaron a ese sector.

"Nosotros, todos los miembros de la familia, fuimos despedidos de la fábrica y no sabíamos qué hacer", explica Ma Phyo Sandar Soe, quien decidió emigrar a Tailandia en aquella época, cuando tenía 23 años.

Junto con su hermana, se marchó a Mae Sot, una ciudad tailandesa situada en la frontera, donde hay una gran comunidad de emigrantes y refugiados birmanos.

Trabajaron durante 6 años en esta ciudad y volvieron a su país en 2010 al creer que las elecciones de ese año y el Gobierno que se formaría al año siguiente traerían el cambio a Birmania.

La birmana afirma que el Gobierno y los sindicatos en Birmania trabajan para desarrollar el país y se mostró "triste" ante la posibilidad de que la UE apruebe represalias económicas.

Como miembro de los Países Menos Desarrollados (PMD), Birmania tiene derecho a beneficiarse del programa de la UE Todo Menos Armas (EBA, sigla en inglés), que elimina los aranceles y cuotas para sus exportaciones al mercado europeo salvo armamento y munición.

"La retirada de las preferencias comerciales es una posibilidad clara si otros canales de cooperación han fallado para alcanzar resultados", indicó la misión de la UE en un comunicado tras su visita entre el 28 y 31 de octubre.

La UE es el sexto mayor socio comercial de Birmania con una balanza comercial en 2017 de 2.090 millones de euros (2.386 millones de dólares), con un superávit a favor de Birmania de 1.008 millones de euros (1.151 millones de dólares).

El año pasado, España importó productos textiles y de confección por valor de 169,6 millones de euros (193,5 millones de dólares), un aumento del 96 por ciento respecto al año anterior.

Khine Khine Nwe, cosecretaria de la Federación de Cámaras de Comercio birmana, indicó a Efe que la retirada de Birmania del programa EBA dañará el proceso de "desarrollo" y "democratización" de su país.

"Nuestro país está comenzando a desarrollarse. Está en el proceso de convertirse en una democracia. Si hacen esto, frenarán nuestro crecimiento", declaró Khine Khine Nwe, que fue una de las personas que se entrevistaron con la delegación europea en octubre.

La UE aplicará el castigo económico si Birmania no toma pasos para resolver la vulneración de los derechos laborales, así como la discriminación de las minorías en los estados Kachin y Shan, aunque la situación más urgente es la de los rohinyás, una comunidad de mayoría musulmana.

El año pasado, un ataque de militantes rohinyás provocó una operación militar que causó el éxodo a Bangladesh de unos 725.000 rohinyás en medio de asesinatos, violaciones e incendios de casas denunciados por supervivientes.

La ONU identificó en un informe el pasado septiembre elementos de "genocidio intencional" en la actuación de los soldados y pidió que los mandos militares sean juzgados en un tribunal internacional.

Los rohinyás, a los que las autoridades birmanas niegan la ciudadanía, viven en Birmania en situación de "apartheid" en campos de desplazados o en aldeas vigilados por las fuerzas de seguridad.