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La reciente entrega de una estatua de John Lennon en Quindío por parte del exnarcotraficante Carlos Lehder ha desatado una fuerte controversia en la región, reabriendo discusiones sobre la memoria histórica, el patrimonio cultural y el papel de figuras vinculadas al narcotráfico en espacios públicos.
El evento, realizado en este sitio que durante décadas simbolizó el poder económico del narcotráfico en Colombia, marcó la reaparición pública de Lehder tras su regreso al país luego de más de 30 años en prisión en Estados Unidos. La actividad giró en torno a la devolución de una escultura del músico británico John Lennon, una obra de gran tamaño que había desaparecido hace más de dos décadas y cuyo paradero era desconocido.
La pieza artística, elaborada por el reconocido escultor Rodrigo Arenas Betancourt, es una figura de bronce de aproximadamente tres metros de altura que originalmente fue entregada a Lehder en 1981. En su momento, la estatua fue instalada frente a una discoteca dentro de la Posada Alemana, un espacio que reflejaba la admiración del exnarcotraficante por la banda The Beatles, de la cual Lennon fue uno de sus integrantes más influyentes.
Durante años, la desaparición de la escultura generó interrogantes hasta que recientemente Lehder envió una carta oficial a la Gobernación del Quindío comprometiéndose a devolverla. En el documento explicó las razones detrás de su retiro: “En el 2003, se retiró la estatua de la Posada Alemana para resguardarla protectoramente en un lugar seguro; todo, ante un intento de robo, cometido por ladrones de metales buscando hurtarla y posiblemente fundirla. He procedido a ayudar a realizar la entrega de esta invaluable estatua, por cuanto la labor del señor Felipe Robledo, quien actualmente está a cargo de la Secretaría de Cultura, ha demostrado compromiso, responsabilidad y pertenencia, resultando motivante para lograr este cometido y esperando que quienes sigan en dicho cargo en lo sucesivo tengan la misma capacidad y el honor de dar lustre a esta escultura como patrimonio quindiano”.
La ceremonia contó con la presencia del secretario de Cultura del departamento, Felipe Robledo, quien destacó la importancia del hecho desde una perspectiva institucional, subrayando que la obra ahora pertenece a la ciudadanía. “Hoy la estatua hace parte del patrimonio público del departamento; aquí quien ganó fue el Estado colombiano, esto ya no le pertenece al narcotráfico, sino a los 560.000 habitantes del Quindío”, afirmó el funcionario.
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Sin embargo, el contexto en el que se produjo la entrega ha generado un intenso debate en redes sociales y en distintos sectores de la opinión pública. Para muchos ciudadanos, la participación activa de Lehder en un evento oficial representa una forma de validación simbólica que resulta incómoda dada su historia criminal. Comentarios como: “Estamos reviviendo muertos. La estatua no representa nada de nada para el Quindío más allá de ser parte de la opulencia que tuvo esta región gracias al auge del narcotráfico que dañó y mató a tantos”, “Quieren venderlo como el que impulsó el turismo en la región, buscan lavarle la cara a Lehder” y “Esto no hará que el país se olvide de todo lo que hizo, ya nada le borra el pasado señor Lehder” reflejan el malestar de una parte de la población.
Ante la polémica, Lehder decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, defendiendo el acto como una contribución cultural y no como un intento de reivindicación personal. En un video publicado en Instagram, expresó: “Significa que cada uno de nosotros tiene un deber de enseñarles a nuestros hijos y nietos sobre la cultura. Somos 52 millones de colombianos y necesitamos promover la fe en los que se dedican a hacer monumentos; ese fue el arte del maestro Rodrigo. La música es esa fantasía y produjo el baile y nos gusta mucho bailar”.
A pesar de que la estatua ahora forma parte del patrimonio público, se confirmó que los derechos de autor e imagen continúan en manos de los herederos del escultor y del propio Lehder, lo que añade otro matiz al debate. La situación pone sobre la mesa preguntas complejas sobre cómo gestionar bienes culturales ligados a figuras delictivas y cuál debe ser el límite entre memoria, arte y responsabilidad histórica en Colombia.