Raphy Pina responde por demanda en su contra tras accidente en yate

El caso ha generado atención mediática no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la respuesta directa del empresario, quien se ha deslindado públicamente de los hechos.

El productor Raphy Pina. / AFP

El productor musical Raphy Pina enfrenta una controversia legal tras ser señalado en una demanda presentada en Puerto Rico por una mujer que lo responsabiliza de un accidente ocurrido en una embarcación que, según el documento, estaba vinculada a su propiedad.

La denuncia fue interpuesta por Sahily Yaitza Jorge Aguayo, quien asegura haber sufrido una lesión severa a bordo del yate conocido como “Pinarazzi”, una embarcación valorada en millones de dólares. Según su versión, el incidente ocurrió el 8 de abril de 2025 mientras la nave realizaba maniobras en la Marina Puerto del Rey, en Fajardo, en condiciones de visibilidad reducida. En ese contexto, la demandante describe una situación que, afirma, cambió su vida de manera irreversible.

De acuerdo con el documento legal, “sin previo aviso, una escotilla lateral se cerró abruptamente, aplastando su dedo medio derecho entre dos estructuras rígidas. Lo que siguió no fue una respuesta de emergencia, sino indiferencia”. La narrativa plantea que la falta de reacción inmediata agravó la situación médica de la afectada, lo que posteriormente derivó en consecuencias más graves.

La demanda sostiene además que el retraso en la atención médica fue determinante en el desenlace del caso. “Para cuando la demandante recibió atención médica, la demora y la gravedad de la lesión culminaron en una amputación quirúrgica traumática”, señala el texto, subrayando el impacto físico y emocional que habría enfrentado la víctima tras el accidente.

Frente a estas acusaciones, Raphy Pina reaccionó de forma contundente al ser consultado por medios de comunicación. Según declaraciones recogidas por la presentadora Carolina Sandoval, el productor aseguró no tener conocimiento previo de la demanda. “No sé quién es, pero para nada, todo tiene recurso”, afirmó, dejando claro que su equipo legal se encargará del caso.

El empresario también precisó un punto clave en su defensa: la situación legal de la embarcación en el momento del incidente. Según explicó, para la fecha en que ocurrieron los hechos, el yate ya no estaba bajo su control. Esta afirmación podría convertirse en un elemento central dentro del proceso judicial, en la medida en que se determine la responsabilidad sobre la operación y mantenimiento de la nave.

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Por su parte, la presentadora Kerly Ruiz aportó detalles adicionales sobre el estado actual del proceso legal, señalando que la demanda se encuentra en una fase inicial. Según explicó, el equipo legal de la demandante está en proceso de notificación formal. Esto significa que el productor aún no habría sido oficialmente emplazado, aunque se espera que esto ocurra en el corto plazo.

La afectada ha solicitado una compensación económica de un millón de dólares, argumentando que el accidente fue consecuencia de una cadena de negligencias. En ese sentido, su representación legal sostiene que los responsables deben responder conforme a la normativa vigente. Según el documento, se busca responsabilizar a los implicados “conforme al derecho marítimo federal y el estado vigente en Puerto Rico” por una conducta que califican como “negligente”, además de “temeraria, previsible y completamente evitable”.

El caso abre un debate más amplio sobre la responsabilidad en embarcaciones privadas, especialmente en contextos donde intervienen múltiples actores, como propietarios, operadores y tripulación. También pone sobre la mesa la importancia de los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias, elementos clave en cualquier entorno marítimo.

Mientras avanza el proceso, la postura de Raphy Pina se mantiene firme en rechazar cualquier vínculo directo con el incidente, lo que anticipa una disputa legal compleja. En paralelo, la demandante insiste en que su caso es un ejemplo de negligencia que no debería quedar sin consecuencias. El desenlace dependerá de las pruebas presentadas y de la interpretación judicial sobre la responsabilidad en este tipo de situaciones, en un proceso que promete captar la atención pública en los próximos meses.

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