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Panamá/Una iniciativa ciudadana presentada este martes ante la Dirección Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional propone tipificar el transfuguismo político como delito y falta electoral, con el objetivo de reforzar el respeto a la voluntad expresada por los electores en las urnas.
El documento, denominado "Propuesta de iniciativa legislativa ciudadana para el desarrollo del anteproyecto de ley que tipifica el transfuguismo como delito y falta electoral, establece sanciones multidisciplinarias y protege la voluntad popular", plantea reformas al Código Electoral y al Código Penal para establecer sanciones administrativas, electorales y penales contra los funcionarios de elección popular que abandonen el partido o la plataforma política con la que fueron electos.
En la exposición de motivos, los proponentes sostienen que el cambio de partido por parte de un funcionario electo representa una ruptura del compromiso adquirido con los ciudadanos al momento de las elecciones.
"El transfuguismo rompe unilateralmente ese contrato político."
La iniciativa añade que esa conducta constituye "una estafa al electorado y una burla a la democracia representativa", al considerar que el mandato otorgado por los ciudadanos está vinculado al proyecto político bajo el cual el candidato obtuvo el respaldo en las urnas.
Los impulsores del anteproyecto aclaran que la propuesta "no limita la libertad de pensamiento, conciencia ni de asociación", sino que busca sancionar "el uso fraudulento del mandato popular obtenido con una plataforma para ejercerlo con otra".
Entre las principales medidas propuestas, el anteproyecto establece la pérdida de la credencial y del cargo para el funcionario que incurra en transfuguismo; una multa equivalente a 24 meses de salario; la devolución del 100 % del financiamiento público electoral asignado para su campaña; la inhabilitación por diez años para aspirar a cargos de elección popular o ejercer funciones de libre nombramiento y remoción en el Órgano Ejecutivo.
Además, contempla sanciones para los partidos políticos que reciban o integren a funcionarios tránsfugas, la incorporación de un nuevo delito en el Código Penal cuando estas conductas estén asociadas a beneficios indebidos y un procedimiento para investigar y sancionar los casos a través del Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público, según el cargo del funcionario involucrado.
La propuesta extiende la responsabilidad a los partidos políticos que reciban o incorporen a funcionarios tránsfugas, planteando sanciones económicas y restricciones para postular candidatos en futuras elecciones.
Asimismo, contempla la creación de campañas permanentes de educación cívica bajo el lema "Tu Voto Vale", dirigidas a fortalecer el valor del voto programático y la importancia del mandato otorgado por los ciudadanos.
En el documento, los proponentes sostienen que la iniciativa busca complementar las competencias del Tribunal Electoral y garantizar que "el voto emitido por el ciudadano sea respetado durante los cinco años del período para el cual fue otorgado".
La propuesta fue presentada para su consideración ante la Asamblea Nacional este 21 de julio de 2026 por representantes de la organización Acción Grupal Unidos por Arraiján.
De cumplir la propuesta con las generales establecidas por la Asamblea, la iniciativa pasaría a la Comisión de Gobierno.