Iglesia y políticos de Filipinas critican la retirada de la CPI

Representantes de la Iglesia Católica y la clase política de Filipinas criticaron hoy la decisión del presidente, Rodrigo Duterte, de retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que podría minar el compromiso nacional con los derechos humanos.

Duterte "no puede echar por tierra nuestro compromiso con los derechos humanos en la comunidad internacional", opinó el obispo Broderick Pabillo, presidente de la Comisión de Asuntos Laicos de la Conferencia episcopal de Manila, en una entrevista con el diario local Manila Bulletin.

El jefe de Estado, de 72 años, emitió ayer un comunicado para ordenar la retirada "inmediata" de Filipinas de CPI por tratar de investigar su campaña contra las drogas, que suma más de 7.000 muertos desde que asumió el cargo en junio de 2016.

En el comunicado argumentó el mandatario que la CPI trata de violar la soberanía de Filipinas al abordar un asunto cuya investigación corresponde a los tribunales del país y acusó a la ONU de actuar de mala fe contra su Gobierno.

Otro obispo filipino, Arturo Bastes, calificó la decisión como "un acto de cobardía", al considerar que Duterte "tiene miedo a que la CPI condene sus crímenes contra la humanidad, lo que lo pondría en evidencia frente al mundo".

En el ámbito político, la principal voz crítica contra la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma -instrumento constitutivo del tribunal de La Haya- ha sido la vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, que consideró la decisión un "peligro para las generaciones futuras".

"¿Qué pasará si los que ocupan el poder se vuelven abusivos y no queda nadie a quien recurrir?", se preguntó en una intervención pública la vicepresidenta, una reconocida detractora de la campaña antidroga de Duterte.

La principal fuerza política opositora del país, el Partido Liberal, al que pertenece Robredo, censuró que el presidente haya decidido abandonar la CPI cuando él mismo dijo que "no tenía nada que ocultar ni que temer".

En el exterior, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) confió en "los responsables de crímenes acaben siendo sometidos a la justicia en La Haya, dado que el país aún es un Estado miembro", según su director adjunto de justicia internacional, Param-Preet Singh.

Hoy la Oficina Presidencial de Filipinas acusó a HRW y otras organizaciones de defensa de derechos humanos de ser un poderoso "lobby" (grupo de presión) que influye en las decisiones "sesgadas" de la corte de La Haya contra el presidente Duterte, según el portavoz del presidente, Harry Roque.

"Si la CPI acaba en la papelera de la historia, es su culpa", añadió Roque en una rueda de prensa, tras recordar que importantes potencias como Estados Unidos y Rusia ha abandonado el Estatuto de Roma y otros países como China o India nunca formaron parte del mismo.