La Fiscalía cita a declarar a los líderes de las protestas en Costa Rica
San José/La Fiscalía General de Costa Rica notificó este jueves a los líderes de las protestas que desde el 30 de septiembre ocurren en el país contra un eventual acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes deberán presentarse a declarar por el supuesto delito de instigación pública.
Entre las diez personas que deberán presentarse a declarar el 23 de octubre se encuentran los exdiputados Célimo Guido, José Miguel y Óscar Campos, principales líderes del llamado "Movimiento Rescate Nacional", que ha utilizado como principal mecanismo de protesta el bloqueo de carreteras estratégicas.
A estas personas se les investiga por el presunto delito de instigación pública, tipificado en el Código Penal como el hecho de "instigar a otro a cometer un delito", y que se castiga con penas de entre 6 meses a 4 años de cárcel.
En Costa Rica también es delito bloquear carreteras.
La mayoría de las notificaciones fueron entregadas este jueves por la Fiscalía durante una reunión que el "Movimiento Rescate Nacional" lleva a cabo en San José.
Los bloqueos afectaron carreteras que conducen a zonas turísticas y productivas, a aeropuertos y puertos, así como a las fronteras, especialmente en el límite con Panamá, donde el paso al transporte de carga internacional estuvo interrumpido prácticamente por dos semanas.
En su apogeo las protestas llegaron a bloquear más de medio centenar de puntos de carreteras, pero poco a poco el movimiento fue perdiendo apoyo y este jueves sólo se reporta un punto cerrado en el sur del país.
El pasado 8 de octubre el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales, hasta entonces principal dirigente de las protestas, se apartó del movimiento y pidió retirar los bloqueos, al reconocer que el narcotráfico había penetrado las manifestaciones.
Las protestas han tenido episodios violentos con enfrentamientos entre la policía y manifestantes, que han dejado más de 100 detenidos y al menos 115 policías heridos cuando las autoridades intervinieron para levantar bloqueos.
El pasado martes la Sala Constitucional dio la razón a un ciudadano que interpuso un recurso de hábeas corpus tras permanecer más de 20 horas varado a raíz de un bloqueo de carretera.
"La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras. No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de la libertad de expresión, pues su finalidad última no es la expresión de una opinión o la transmisión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público a efectos de obtener el resultado", indicó la Sala Constitucional.
El fallo condenó al Gobierno por no haber tomado medidas para garantizar la circulación.
El Gobierno dijo que respeta la sentencia y que durante las protestas ha privilegiado el diálogo con los manifestantes antes que la fuerza.
Las protestas se originaron en rechazo a un eventual acuerdo financiero con el FMI por 1.750 millones de dólares, que incluía la venta de algunos activos y una subida de impuestos.
El 4 de octubre, ante la falta de apoyo político, el presidente Carlos Alvarado retiró de la discusión interna la propuesta que tenía pensado plantear al FMI, pero de todos modos las protestas continuaron.
El "Movimiento Rescate Nacional" exige al Gobierno una mesa bilateral de diálogo, no vender activos, no subir impuestos y no acudir al FMI en lo que resta de su administración.
El Gobierno trata de impulsar una mesa de diálogo multisectorial.
