Guatemala protege a políticos de acusaciones de financiamiento ilícito

Morales ratifica decisión de expulsar a jefe anticorrupción de ONU en Guatemala
Jimmy Morales, presidente de Guatemala. / EFE
Afp
13 de septiembre 2017 - 21:32

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una modificación al Código Penal para blindar a los dirigentes de los partidos políticos de posibles acusaciones de financiamiento electoral ilícito.

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, dijo a periodistas que la reforma fue aprobada de urgencia con un total de 106 votos, de los 158 diputados.

La iniciativa, presentada por tres partidos de oposición y por el gobernante FCN-Nación, deberá ser sancionada por el presidente Jimmy Morales para entrar en vigor.

Con la modificación quedó establecido que el delito de financiamiento electoral ilícito no se atribuye a los secretarios generales de los partidos, sino a los contadores de cada organización.

La votación ocurrió dos días después de que el Congreso rechazara un pedido para retirar la inmunidad al gobernante para ser investigado penalmente por financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.

El lunes pasado, el Parlamento mantuvo los fueros a Morales, a quien la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, señalan por financiamiento ilegal en el partido derechista FCN-Nación.

Morales era secretario general de ese partido durante la campaña electoral.

El pedido para quitar la inmunidad se hizo el pasado 25 de agosto y dos días después el presidente ordenó expulsar del país al titular de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, acusándolo de injerencia en asuntos internos de Estado.

La expulsión, frenada por la corte constitucional, generó una crisis política ante las críticas locales e internacionales por atacar al exjuez colombiano, una de las principales figuras en la lucha contra la corrupción.

La fiscalía y la Cicig pidieron a la Corte Suprema de Justicia levantar los fueros a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate por financiamiento anómalo, quienes en 2015 eran secretarios generales de sus partidos.

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