Piden investigar al régimen de Ortega por crímenes de lesa humanidad tras muerte de opositor indígena

Una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno que integran el Grupo IDEA solicitaron la apertura de una investigación internacional para esclarecer la muerte de Brooklyn Rivera, reconocido líder indígena y opositor nicaragüense, quien falleció mientras permanecía bajo custodia estatal en Nicaragua.

La petición fue presentada el 5 de junio mediante un pronunciamiento conjunto en el que los exmandatarios plantean la posibilidad de investigar presuntos crímenes de lesa humanidad y apelan al principio de jurisdicción universal, argumentando que no existen garantías para desarrollar una pesquisa independiente dentro del país.

Exmandatarios responsabilizan al régimen Ortega-Murillo

La declaración fue suscrita por figuras políticas de América Latina y Europa, entre ellas el expresidente del Gobierno español José María Aznar, el exmandatario mexicano Felipe Calderón, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, el exgobernante argentino Mauricio Macri y la expresidenta costarricense Laura Chinchilla.

En el documento, los firmantes atribuyen responsabilidad política al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, al considerar que existen elementos que ameritan una investigación internacional sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Rivera.

Brooklyn Rivera era una de las principales figuras de la organización indígena Yatama y una voz crítica del Gobierno nicaragüense. Permanecía bajo custodia desde marzo de este año debido a problemas de salud, luego de haber sido detenido en septiembre de 2023.

El dirigente falleció el pasado 30 de mayo en un centro hospitalario de Managua, según reportes divulgados por organismos de derechos humanos y medios internacionales.

Denuncian desaparición de familiares que reclamaban los restos

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado en la comunidad internacional es la denuncia sobre la desaparición de varios familiares y allegados de Rivera. De acuerdo con el pronunciamiento del Grupo IDEA, al menos siete personas habrían desaparecido después de acudir a reclamar los restos del líder indígena. Entre los nombres mencionados figuran Westin Rivera y Alda López Bryan.

Los exmandatarios sostienen que tanto la presunta desaparición forzada de estas personas como la negativa de entregar el cuerpo a sus familiares constituyen hechos que deben ser investigados por organismos independientes.

Asimismo, consideran que estas acciones podrían formar parte de un patrón de vulneraciones a los derechos humanos en Nicaragua, enmarcado dentro de conductas descritas por el Estatuto de Roma como posibles crímenes de lesa humanidad.

ONU y organizaciones de derechos humanos exigen esclarecimiento

El caso ha despertado preocupación entre diversas organizaciones internacionales. Entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional han solicitado aclarar las circunstancias de la muerte de Rivera y han cuestionado las restricciones impuestas a sus familiares para disponer de sus restos.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos también han manifestado inquietud por los reportes relacionados con la desaparición de personas vinculadas al dirigente indígena y por la falta de información oficial sobre el caso.

En su declaración, el Grupo IDEA sostiene que las instituciones del Estado nicaragüense carecen de independencia suficiente para llevar adelante una investigación imparcial debido a las denuncias existentes sobre violaciones a los derechos humanos.

Por ello, los exmandatarios solicitaron a gobiernos democráticos y organismos internacionales utilizar mecanismos contemplados en el derecho internacional, incluida la jurisdicción universal, para garantizar justicia a las víctimas y evitar la impunidad.

Según el documento, este principio permite que determinados delitos considerados especialmente graves puedan ser investigados por tribunales de otros países cuando no existan condiciones para hacerlo en la nación donde ocurrieron los hechos.

Crisis política y derechos humanos en Nicaragua

La situación ocurre en medio de una prolongada crisis política en Nicaragua, que se remonta a las protestas iniciadas en abril de 2018. Desde entonces, organismos internacionales han documentado denuncias relacionadas con represión estatal, restricciones a libertades fundamentales, detenciones de opositores y persecución contra voces críticas del Gobierno.

Las tensiones se intensificaron tras las elecciones generales de 2021, en las que Daniel Ortega obtuvo un nuevo mandato en medio de cuestionamientos formulados por sectores de la comunidad internacional.

Muerte de opositores bajo custodia aumenta preocupación internacional

De acuerdo con el Grupo IDEA, la muerte de Brooklyn Rivera se suma a la de otros opositores que han fallecido mientras permanecían bajo custodia estatal durante los últimos años.

Los exmandatarios subrayan que los presuntos crímenes de lesa humanidad tienen carácter individual y no prescriben, independientemente de que un Estado haya ratificado o no determinados tratados internacionales.

Mientras continúan las reacciones internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de una investigación independiente que permita esclarecer tanto la muerte de Rivera como las denuncias relacionadas con la desaparición de sus familiares.

El caso ha vuelto a colocar el foco internacional sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y ha incrementado los llamados para que se adopten medidas orientadas a garantizar verdad, justicia y protección para las víctimas.