Costa Rica busca ampliar el alcance de extradición en lucha contra el crimen organizado

El gobierno de Costa Rica busca ampliar la lista de delitos por los cuales sus ciudadanos podrán ser extraditados, anunció este lunes la presidenta Laura Fernández, en medio de la violencia del crimen organizado que golpea al país.

Actualmente, los costarricenses solo pueden ser juzgados en otros países por narcotráfico y terrorismo, pero Fernández dijo que el 3 de agosto presentará a la Asamblea de Diputados un proyecto de reforma constitucional para incluir otras causales.

Aliada del presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria derechista asumió en mayo pasado con la promesa de aplicar mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.

"Vamos a ampliar las causales de extradición para delitos graves", dijo Fernández al presentar en la Asamblea otras propuestas de reforma sobre seguridad.

La iniciativa busca incluir la financiación del narcotráfico y del terrorismo, el blanqueo de capitales, la trata de personas, el tráfico de migrantes, armas y órganos, el sicariato, los homicidios vinculados con el crimen organizado, el cibercrimen y el ciberterrorismo.

"No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado" ni "en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico", afirmó la presidenta.

Costa Rica permite la extradición de nacionales por "tráfico internacional de drogas o terrorismo", tras una reforma constitucional de 2025 impulsada por el antecesor de Fernández y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

El oficialismo, que cuenta con 31 de 57 diputados en la Asamblea, necesita 38 votos para realizar cambios constitucionales.

Siete de cada diez asesinatos están ligados al narcotráfico en Costa Rica, donde la tasa de homicidios se disparó a 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente al índice de 11,2 de 2019.

"Costa Rica hoy enfrenta una nueva realidad en materia de seguridad", donde las organizaciones criminales "han incrementado su capacidad operativa", señaló Fernández.

El pasado 20 de marzo, el país realizó su primera extradición, al enviar a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico, y a su supuesto socio, Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata".