Vicepresidente espera que desafuero a Jimmy Morales tenga certeza jurídica
El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, dijo hoy con respecto a la solicitud de desafuero que enfrenta el presidente Jimmy Morales, por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita, que espera que haya certeza jurídica.
"Esperamos que este país en algún momento tenga certeza jurídica y los medios que tengan que ver con el asunto puedan responder de inmediato conforme a la ley lo establece", aseguró Cabrera al ser preguntado por los periodistas sobre este asunto.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y la Fiscalía presentaron el viernes una solicitud para desaforar al presidente guatemalteco por la comisión de un posible delito de financiación electoral ilícita.
De acuerdo con la investigación, Morales, en su calidad de secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad.
El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vuelta, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales.
Pero además de esto, las autoridades encontraron ahora que se utilizó dinero que no se reportó al Tribunal Supremo Electoral para el pago de volantes y calendarios de bolsillo de FCN-Nación por medio de "financiamiento electoral ilícito".
También hay más de 350.000 quetzales (casi 47.000 dólares) recibidos de la "Fundación G", del empresario ya implicado Salvador Paiz, y no declarados, que se utilizaron para "capacitar" a los entonces candidatos del partido, el ahora presidente Morales y el vicepresidente, Jafeth Cabrera.
"De acuerdo con la investigación preliminar de la Fiscalía contra Delitos Electorales, la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de 7.920.375 quetzales (más de un millón de dólares) no reportados al Tribunal Supremo Electoral", explicó la fiscal, María Consuelo Porras.
Esta solicitud de antejuicio, la tercera que se presenta contra el presidente por este delito, tiene que ser avalada por la Corte Suprema de Justicia y luego ser aprobada por 105 de los 158 diputados del Congreso para poder iniciar una investigación.
Sin embargo, esta situación es muy complicada debido a las alianzas del oficialismo en el Parlamento y el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, -que también tiene una petición de desafuero por un caso de corrupción-, ya anunció el viernes que hará todo lo posible para "evitar" que otro "intento de golpe" contra Morales avance.
