EEUU sanciona a entidad financiera de Nicaragua y a dos altos funcionarios de Ortega

Estados Unidos sancionó el viernes a la entidad financiera nicaragüense Caruna y a dos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, Ana Julia Guido, fiscal general, y Paul Herbert Oquist, secretario de la Presidencia, acusándolos de corrupción y de socavar la democracia.

El Tesoro dijo que la cooperativa de ahorro y crédito Caruna, así como la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, y el secretario de la presidencia, Paul Herbert Oquist, verán congelados todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y no podrán hacer transacciones con ciudadanos y entidades estadounidenses.

Alegó que Caruna, que no está sujeta a supervisión regulatoria tradicional, sirvió a Ortega para desviar fondos de la petrolera Albanisa, una empresa mixta nicaragüense-venezolana, para patrocinar a sus partidarios. Caruna asistió además a Bancorp, un banco sancionado en abril de 2019 por supuestos vínculos con la estatal venezolana PDVSA, dijo.

Guido fue acusada de presentar cargos en base a evidencia inventada contra opositores presos, entre ellos jóvenes detenidos por entregar agua a madres de víctimas de la represión gubernamental que se encontraban en huelga de hambre en Masaya en 2019.

Oquist, nacido en Illinois, Estados Unidos, y nacionalizado nicaragüense, fue sancionado por difundir internacionalmente "mentiras para ocultar o justificar los abusos" del gobierno de Ortega, dijo el Tesoro.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que esta medida "promueve la rendición de cuentas del régimen de Ortega y de quienes intentan impulsar sus atroces actividades".

"Estados Unidos seguirá dando los pasos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y permita las condiciones para unas elecciones libres y justas que devuelvan la democracia a Nicaragua", señaló en un comunicado.

Estados Unidos advirtió la semana pasada que Ortega enfrentaría una "masiva presión" si no garantiza elecciones libres el año próximo, subrayando que mantener la situación actual "no es una opción".

Nicaragua está sumida en una crisis política luego de masivas protestas antigubernamentales en 2018 que derivaron en pedidos de elecciones anticipadas y cuya represión dejó al menos 328 muertos, según grupos de derechos humanos.

En los últimos años, Washington ha sancionado a una veintena de nicaragüenses, entre ellos a la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo, y a tres hijos de la pareja presidencial, así como a casi una decena de entidades, bajo acusaciones de graves abusos de los derechos humanos y corrupción.

Además, fueron revocadas las visas de numerosas personas vinculadas a la represión de opositores.

Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido en cuestionados comicios en 2016, fue uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra la dictadura de Anastasio Somoza (1936-1979), pero es señalado de instaurar una dinastía nepotista y corrupta.

El mandato de Ortega vence en 2022, pero analistas estiman que buscará la reelección.