Italia vota en referéndum una controvertida reforma judicial

Roma, Italia/Los italianos votan este domingo y el lunes en referéndum una reforma judicial propuesta por el gobierno de Giorgia Meloni, cuyos opositores denuncian como un ataque a la independencia del poder judicial.

La votación podría transformarse en un referendo sobre la dirigente ultraderechista de cara a las elecciones legislativas de 2027. La reforma busca separar las carreras de los jueces y de los fiscales y modificar el funcionamiento del Consejo Superior de Magistratura (CSM), el órgano que supervisa a los magistrados y que se encarga de los nombramientos, las mutaciones y las promociones.

El Ejecutivo de Meloni considera que esta reforma constitucional garantizará la imparcialidad del sistema judicial. En un video publicado esta semana, Meloni afirmó que se trata de una "ocasión histórica de hacer que el sistema judicial sea más meritocrático, más responsable, más eficaz".

En cambio, la oposición asegura que es una treta del gobierno para influir en los magistrados y critican que la reforma no toque los problemas de fondo, como los procesos demasiado largos o la superpoblación carcelaria. Los centros de sufragio cerrarán el lunes a las 14H00 GMT y se espera que los resultados lleguen ese mismo día. Según los sondeos, la votación está muy reñida.

"Hay que votar 'no' pues la independencia de nuestro sistema judicial es fundamental", declaró a la AFP Margherita Rossi, una estudiante milanesa de 21 años que votó en Roma.

Meloni y sus ministros han criticado con frecuencia fallos judiciales por considerarlos demasiado clementes, sobre todo en materia migratoria. Opuestos a la reforma, más del 80% de los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados Italianos (ANM) hicieron huelga un día en febrero del año pasado.

Hasta ahora, los miembros del CSM son elegidos por sus pares y por el Parlamento. Pero la reforma dividiría ese órgano en dos consejos distintos: uno para los jueces y otro para los fiscales. Además, se crearía una nueva corte disciplinaria compuesta por 15 miembros.

Tres de esos miembros serían nombrados por el presidente de la República, otros tres, elegidos por sorteo a partir de una lista establecida por el Parlamento y nueve, elegidos por sorteo entre jueces y fiscales. La reforma también busca impedir que los jueces y fiscales puedan pasar de un cargo al otro, algo que solo hace una ínfima minoría. Desde 2022, solo pueden cambiar de puesto una vez durante los diez primeros años de su carrera.

Muchos magistrados consideran este sistema como un baluarte contra las injerencias políticas, pero los partidarios de la reforma afirman que, cuando jueces y fiscales mantienen relaciones demasiado estrechas, esto perjudica a los acusados.